A la atención del Director General
CC/ Consejo de Administración de la FNMT-RCM
El sindicato Espacio de Participación Sindical (EPS), entiende que no está defendiendo los intereses del Estado ni de la FNMT-RCM, en el desempeño de sus cargos como Director General y Presidente del Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). Está sobradamente fundamentado y justificado por:
a) Permitir la segregación de la actividad “impresión de billetes euro”, que hasta ahora venía desempeñando la FNMT-RCM, a favor de una sociedad instrumental “Impresión de Billetes SA” (IMBISA), creada a efectos de asumir dicha actividad y que en breves fechas será propiedad del Banco de España (BdE).
b) Permitir la venta de un activo del Patrimonio del Estado a una empresa privada como es el Banco Central Europeo (BCE), a través de su sucursal en España (BdE).
c) Poner en peligro la viabilidad de la FNMT-RCM con la segregación. Analizando las previsiones de facturación y beneficios para los próximos 5 años no son creíbles.
d) Permitir que en el 400 aniversario de la CECA Española, se firme la sentencia de muerte de la FNMT-RCM, vía Consejo de Ministros, de una empresa cuyos beneficios revierten en el erario público.
e) Poner en peligro la seguridad del Estado al “liquidar” la empresa que suministra todos los productos de alta seguridad a las diferentes Administraciones Públicas y al Estado (DNIe, Pasaportes, Tarjetas, Certificación electrónica, billetes euro, monedas, etc.).
f) No informar de todos estos desmanes al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que los pusiera fin, a pesar que siempre ha contado con el beneplácito del ministro en esta operación.
g) Dar por buena la valoración de activos no dinerarios asociados al Departamento de Valores, realizada por la consultora externa Ernst&Young, cuyas conclusiones suponen una pérdida patrimonial para el Estado y para la propia FNMT-RCM.
h) Impedir que se acometieran, en el edifico de la sede de la FNMT-RCM en la calle Jorge Juan 106, las obras de adaptación necesarias para cumplir con las nuevas normas de seguridad dictadas por el BCE, cuando existían proyectos que nos hubieran permitido homologarnos por unos 5 millones de euros, en contraste con las previsiones de unos 200 millones de euros para construir una nueva planta para IMBISA.
i) Mentir al Comité de Empresa y a la plantilla sobre la viabilidad para homologarse en nuestras instalaciones. El propio Comité de Empresa solicitó en varias ocasiones una reunión para contrastar opiniones.
j) Permitir que directivos de la FNMT-RCM que participaron en las negociaciones con el Banco de España, no defendieran debidamente los intereses empresariales de la FNMT-RCM.
k) Permitir que esos mismos directivos se marchen a IMBISA para desempeñar cargos de responsabilidad.
l) Permitir que durante todo el proceso haya habido un trasvase de información, nuestro KNOW-HOW (procedimientos, documentación, informes, etc.), de manera descontrolada y no autorizada entre la FNMT-RCM y el BdE, que no está siendo contemplado ni tasado.
m) Permitir que en ese trasvase de información haya podido vulnerarse la Ley de Protección de Datos impunemente, sin llevar a cabo la pertinente investigación.
n) Permitir que el BdE, sin ninguna experiencia industrial, se encargue de la impresión de billetes euro, cuando la FNMT-RCM lleva desde antes del inicio del euro fabricando billete euro y anteriormente durante décadas la peseta.
ñ) No defender los intereses de la FNMT-RCM, teniendo que asumir sus funciones un grupo de trabajadores, que en noviembre de 2014 presentaron denuncia contra el BdE en la Audiencia Nacional por vulneración de la legislación española vigente y encontrar claros indicios de inconstitucionalidad en la vía utilizada para llevar a cabo este proceso segregador. Todo ello con un enorme esfuerzo económico, cuando debería haberse ocupado el gabinete jurídico de la FNMT-RCM, como actor correcto y necesario, y en coordinación con la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado para presentar dicha denuncia.
o) Permitir que el proceso segregador se haya llevado a cabo cuando había una denuncia presentada en la Audiencia Nacional, que por cautelas debería haber paralizado el proceso hasta que haya resolución judicial.
p) Permitir que en 1 semana, el BdE publique los pliegos de licitación, en uno o tres lotes, la cuota española de papel euro, no asignando dichos lotes directamente a la FNMT-RCM. No es entendible cuando el Consejo de Ministros ha aprobado una inversión para Burgos de 27 millones de euros destinada a la construcción de una nueva fábrica de papel, habiéndose planificado que parte de la nueva capacidad productiva fuera destinada a IMBISA, que para más inri inicialmente estará participada por la FNNT-RCM.
q) Permitir que el BdE tomara una decisión, de entre todas las posibles incluidas en la Orientación del BCE 2011/3 o en la Directiva de la Unión Europea 2014/24, ésta última mucho más flexible y de mayor rango que la Orientación, eligiendo la opción más perjudicial para los interese del Estado y de la FNMT-RCM.
r) Permitir la privatización de una Empresa Pública Empresarial, siendo recogido expresamente en la propia enmienda incluida en la Ley de Reutilización de la Información por parte de las Administraciones Públicas, donde declara textualmente:
“… parte de las funciones de la Fábrica pasan a integrarse en el ámbito institucional europeo, dejando de formar parte del sector público empresarial del Estado”
s) Permitir el acortamiento de los plazos necesarios, alterando el procedimiento normal de una privatización de una Empresa Pública Empresarial, impidiendo que haya las necesarias garantías.
t) Permitir la ausencia de un experto independiente, nombrado por el Registro Mercantil, para que valide la operación, cuando existen serias dudas en la misma y en especial en la valoración de activos no dinerarios.
u) Incumplir la aplicación del artículo 44 del ET, referida a la sucesión de empresas, al no desplazar toda la actividad a la nueva sociedad IMBISA. Supone una sobrecarga de la FNMT-RCM y un déficit de personal para IMBISA. Con esta decisión se consigue que ambas empresas puedan ser inviables.
v) Presionar al resto de Ministerios para que no hagan alegaciones, dentro del ámbito de las Secretarías Generales Técnicas, trámite necesario y previo al Consejo de Ministros.
w) Detener cualquier intento de EPS destinado a paralizar la segregación, haciendo las gestiones pertinentes, contrarias a los intereses de la FNMT-RCM, ante los diferentes organismos, ya sea el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como los organismos de control de la propia Administración Pública con la que desde EPS nos hemos puesto en contacto (Intervención General del Estado, Patrimonio del Estado, Tribunal de Cuentas, etc.).
x) Fomentar que se conculquen los más elementales principios de control, garantías e independencia dentro de la Administración, desapareciendo cualquier elemento fiscalizador.
y) Tener un comportamiento de total deslealtad hacia los intereses nacionales y en especial contra la institución que debería defender.
z) Con esta segregación se incumple el artículo 103 de la Constitución Española, que obliga a las Administraciones Públicas, a actuar con eficacia y sometida a la ley.
Por todo ello, solicitamos su dimisión inmediata e irrevocable, para evitar que pueda seguir produciendo perjuicios al Estado y a la FNMT-RCM.
