martes, 4 de diciembre de 2012
Programa de desgravación fiscal
El día 8 noviembre del 2012, la Dirección de esta Fábrica comunica, mediante un escrito en la intranet, que va a poner en marcha un denominado programa de retribución flexible para toda la plantilla. Posteriormente, se realiza una presentación al Comité de Empresa que no resuelve todas las dudas.
Aunque el Director de Recursos Humanos asegura que no se trata de ninguna desrregulación de los salarios y que incluso, podrían firmarse cláusulas en el acuerdo que desvinculasen éste de posibles acciones legales sobre la aplicación del RD 20/2012, lo cierto es que el programa está generando cierto rechazo en la plantilla.
Tal vez sea el uso perverso del lenguaje, que nos lleva a pensar que, de forma subconsciente se nos quiere hacer asumir como normal, el término salario o retribución “flexible”. El hecho es que está resultando impopular, a pesar de que supone cierta mejora económica para los trabajadores.
En EPS nos manifestamos a favor de la implantación del programa de desgravación fiscal, conscientes de que no se trata tan sólo de un invento de la dirección para suavizar los vergonzosos recortes que nos están aplicando.
Lo que se está haciendo es aplicar lo que prevé la ley tributaria. Una ley que ya resulta tremendamente injusta: los trabajadores cotizan mayoritariamente, además de soportar un IVA abusivo y la pérdida de servicios sociales que hasta hoy compensaban las desigualdades económicas, mientras que las grandes fortunas apenas tributan y se protege el fraude, la SICAV o los paraísos fiscales.
Es en el contexto de esta ley, donde se prevé la posibilidad de que los trabajadores puedan desgravar algo de impuestos en partidas que resultan eminentemente sociales: transporte, guarderías, o restauración.
Y no deja de asombrarnos como cuajan las mentiras que nos cuentan y por las que parece que todas las desgracias son por culpa de los trabajadores, de los funcionarios o por pagar menos impuestos.
Si se están desmantelando los servicios públicos es porque el gran capital ha decidido acabar con el estado de bienestar a base de generar una inflación continua en los países europeos. Hay más dinero que nunca, pero se lo llevan y se lo van a seguir llevando las grandes fortunas.
No es verdad que se estén desmantelando los servicios públicos porque los trabajadores no coticen. Hoy en día el modelo impositivo es lo más antisocial que hay.
Y muy flaco favor nos hacemos si no aprovechamos las pequeñas oportunidades que nos dan, por un erróneo entendimiento de lo que está pasando, en estos días en que ya nos cuesta a las familias llegar a final de mes.
Si “ES-TA CRI-SIS NO LA PA-GA-MOS” no hagamos por pagarla gratis.
Aunque el Director de Recursos Humanos asegura que no se trata de ninguna desrregulación de los salarios y que incluso, podrían firmarse cláusulas en el acuerdo que desvinculasen éste de posibles acciones legales sobre la aplicación del RD 20/2012, lo cierto es que el programa está generando cierto rechazo en la plantilla.
Tal vez sea el uso perverso del lenguaje, que nos lleva a pensar que, de forma subconsciente se nos quiere hacer asumir como normal, el término salario o retribución “flexible”. El hecho es que está resultando impopular, a pesar de que supone cierta mejora económica para los trabajadores.
En EPS nos manifestamos a favor de la implantación del programa de desgravación fiscal, conscientes de que no se trata tan sólo de un invento de la dirección para suavizar los vergonzosos recortes que nos están aplicando.
Lo que se está haciendo es aplicar lo que prevé la ley tributaria. Una ley que ya resulta tremendamente injusta: los trabajadores cotizan mayoritariamente, además de soportar un IVA abusivo y la pérdida de servicios sociales que hasta hoy compensaban las desigualdades económicas, mientras que las grandes fortunas apenas tributan y se protege el fraude, la SICAV o los paraísos fiscales.
Es en el contexto de esta ley, donde se prevé la posibilidad de que los trabajadores puedan desgravar algo de impuestos en partidas que resultan eminentemente sociales: transporte, guarderías, o restauración.
Y no deja de asombrarnos como cuajan las mentiras que nos cuentan y por las que parece que todas las desgracias son por culpa de los trabajadores, de los funcionarios o por pagar menos impuestos.
Si se están desmantelando los servicios públicos es porque el gran capital ha decidido acabar con el estado de bienestar a base de generar una inflación continua en los países europeos. Hay más dinero que nunca, pero se lo llevan y se lo van a seguir llevando las grandes fortunas.
No es verdad que se estén desmantelando los servicios públicos porque los trabajadores no coticen. Hoy en día el modelo impositivo es lo más antisocial que hay.
Y muy flaco favor nos hacemos si no aprovechamos las pequeñas oportunidades que nos dan, por un erróneo entendimiento de lo que está pasando, en estos días en que ya nos cuesta a las familias llegar a final de mes.
Si “ES-TA CRI-SIS NO LA PA-GA-MOS” no hagamos por pagarla gratis.
jueves, 29 de noviembre de 2012
Luchando por la transparencia
Recientemente se ha publicado la nueva política de Responsabilidad Social Corporativa, en la que se la empresa se compromete, entre otras medidas, a establecer e impulsar vías de comunicación con los diferentes grupos de interés, basados en la transparencia, honestidad, veracidad y colaboración y a gestionar los recursos económicos de forma transparente.
Sin embargo, y como contraste, en los últimos meses se está produciendo una pérdida de transparencia en la información suministrada por la Dirección al conjunto de los empleados de la FNMT.
Concretamente, desde la última Nota del Comité de Dirección, publicada en junio de este año, nuestros directivos no han tenido a bien volver a informarnos de sus reuniones mensuales. ¿Qué tiene que decir el Departamento de Comunicación, creado expresamente para aumentar las vías de comunicación con los trabajadores?
A pesar de que el Gobierno ha impulsado un proyecto de Ley de Transparencia que expresamente indica que en las empresas públicas, sus dirigentes deberán hacer públicas sus retribuciones, nuestros directivos siguen sin comunicar cuánto ganan y en qué conceptos salariales.
Este asunto nos compete a todos, ya que no hay que olvidar que el salario de los directivos forma parte de la Masa Salarial, y si no conocemos su composición no sabemos en realidad en qué nos están quitando nuestro dinero.
EPS seguirá luchando hasta conseguir que la transparencia en todos los ámbitos de esta FNMT se haga realidad.
Sin embargo, y como contraste, en los últimos meses se está produciendo una pérdida de transparencia en la información suministrada por la Dirección al conjunto de los empleados de la FNMT.
Concretamente, desde la última Nota del Comité de Dirección, publicada en junio de este año, nuestros directivos no han tenido a bien volver a informarnos de sus reuniones mensuales. ¿Qué tiene que decir el Departamento de Comunicación, creado expresamente para aumentar las vías de comunicación con los trabajadores?
A pesar de que el Gobierno ha impulsado un proyecto de Ley de Transparencia que expresamente indica que en las empresas públicas, sus dirigentes deberán hacer públicas sus retribuciones, nuestros directivos siguen sin comunicar cuánto ganan y en qué conceptos salariales.
Este asunto nos compete a todos, ya que no hay que olvidar que el salario de los directivos forma parte de la Masa Salarial, y si no conocemos su composición no sabemos en realidad en qué nos están quitando nuestro dinero.
EPS seguirá luchando hasta conseguir que la transparencia en todos los ámbitos de esta FNMT se haga realidad.
lunes, 19 de noviembre de 2012
lunes, 12 de noviembre de 2012
ES NUESTRA RESPONSABILIDAD
La Huelga General del 14 de Noviembre, como todos los actos de esta importancia y naturaleza, despierta sentimientos encontrados y obliga a evaluar pros y contras en todos los niveles, personal, familiar, en el trabajo, políticamente, en lo sindical, económico, de valores. No son hechos triviales, ni que puedan ser tomados a la ligera. Tanto en lo que respecta a la relación con los demás, en nuestros oficios y empresas, como mucho más profundamente en nuestro análisis de nosotros mismos, en el mirar de frente lo que
pensamos y queremos. No todos los días se tiene esa sensación, y es normal, lógico y deseable que se produzcan debates, controversias, incluso conflictos psicológicos y sociales en estas circunstancias. No debemos escandalizarnos por pensar, exponer u oir opiniones diferentes a las nuestras, y cualquier postura debe ser respetable.
Por su concepción de sindicato integral y democrático, EPS está obligado a pronunciarse libre y sinceramente al respecto de la Huelga General, pero también lo está a escuchar a los demás y trabajar para elegir la mejor opción posible, aspirando a colaborar en la máxima unidad para el bien común.
Esta huelga se plantea después de meses de movilizaciones en la Fábrica y en muchísimos otros centros de trabajo del país. Se va a realizar cuando los trabajadores/as de la Fábrica hemos visto mermados nuestros derechos sociales, laborales y económicos por la imposición de dos gobiernos sucesivos. El mes que viene cobraremos media paga; nuestras bajas ya no se retribuyen al 100 %, penalizando la enfermedad; los días libres y vacaciones, negociados a cambio de rendimientos a lo largo de muchos años, van a caer de golpe. Todo ello después de muchos años de congelación salarial o mínimas subidas.
Eso en la Fábrica, porque en escuelas, hospitales, servicios sociales, recogida de basuras, etc, todo es recortar servicios, privatizar, disminuir prestaciones. Y en paralelo, subir impuestos, tasas, copagos. Y casi seis millones de parados. Y miles de familias sin casa. ¿Qué sentido tiene? Uno muy claro: lo que nos quitan a nosotros va a los bolsillos de la especulación financiera. Somos rebaños a los que ordeñan para el beneficio de unos pocos.
¿Cómo parar este abuso continuado, que sólo nos va a traer más miseria e indignidad? Como venimos haciendo desde hace meses, desde hace años, desde hace siglos: protestando, plantando cara. No resignándonos al silencio de los corderos.
Algunos compañeros/as pensarán en los euros de la huelga, otros en que los recortes son necesarios, algunos que en realidad la huelga debería ser indefinida. Desde luego, los que piensen que las agresiones que estamos sufriendo los trabajadores son justas y necesarias, no deben hacer la huelga. Pero por la misma regla de tres, tampoco deberían quejarse luego.
El jueves sólo habrá una cifra y sólo habrá un dato: éxito de la huelga y de la indignación ciudadana, o fracaso de la huelga y resignación. Es nuestra responsabilidad sumarnos a uno de los bandos.
EPS invita a construir el futuro. EPS llama a la Huelga General.
pensamos y queremos. No todos los días se tiene esa sensación, y es normal, lógico y deseable que se produzcan debates, controversias, incluso conflictos psicológicos y sociales en estas circunstancias. No debemos escandalizarnos por pensar, exponer u oir opiniones diferentes a las nuestras, y cualquier postura debe ser respetable.
Por su concepción de sindicato integral y democrático, EPS está obligado a pronunciarse libre y sinceramente al respecto de la Huelga General, pero también lo está a escuchar a los demás y trabajar para elegir la mejor opción posible, aspirando a colaborar en la máxima unidad para el bien común.
Esta huelga se plantea después de meses de movilizaciones en la Fábrica y en muchísimos otros centros de trabajo del país. Se va a realizar cuando los trabajadores/as de la Fábrica hemos visto mermados nuestros derechos sociales, laborales y económicos por la imposición de dos gobiernos sucesivos. El mes que viene cobraremos media paga; nuestras bajas ya no se retribuyen al 100 %, penalizando la enfermedad; los días libres y vacaciones, negociados a cambio de rendimientos a lo largo de muchos años, van a caer de golpe. Todo ello después de muchos años de congelación salarial o mínimas subidas.
Eso en la Fábrica, porque en escuelas, hospitales, servicios sociales, recogida de basuras, etc, todo es recortar servicios, privatizar, disminuir prestaciones. Y en paralelo, subir impuestos, tasas, copagos. Y casi seis millones de parados. Y miles de familias sin casa. ¿Qué sentido tiene? Uno muy claro: lo que nos quitan a nosotros va a los bolsillos de la especulación financiera. Somos rebaños a los que ordeñan para el beneficio de unos pocos.
¿Cómo parar este abuso continuado, que sólo nos va a traer más miseria e indignidad? Como venimos haciendo desde hace meses, desde hace años, desde hace siglos: protestando, plantando cara. No resignándonos al silencio de los corderos.
Algunos compañeros/as pensarán en los euros de la huelga, otros en que los recortes son necesarios, algunos que en realidad la huelga debería ser indefinida. Desde luego, los que piensen que las agresiones que estamos sufriendo los trabajadores son justas y necesarias, no deben hacer la huelga. Pero por la misma regla de tres, tampoco deberían quejarse luego.
El jueves sólo habrá una cifra y sólo habrá un dato: éxito de la huelga y de la indignación ciudadana, o fracaso de la huelga y resignación. Es nuestra responsabilidad sumarnos a uno de los bandos.
EPS invita a construir el futuro. EPS llama a la Huelga General.
viernes, 27 de julio de 2012
Los nuevos autónomos y la hegemonía neoliberal
Estudio del sociólogo Armando Fernández Steinko (Mesas Ciudadanas para la Convergencia y la Acción)
http://asteinko.blogspot.com/
Los "nuevos autónomos" y la hegemonía neoliberal en España
1. Introducción
El capitalismo popular inmobiliario, que se inicia con el gobierno de Aznar en 1996 y concluye con la una fuerte crisis financiera doce años después, ha funcionado durante años como un importante bloque hegemónico. Esta constelación explica no sólo la estabilidad política del neoliberalismo en un país con alto desempleo como España, sino la implantación de una serie de valores y actitudes que encajan en las políticas monetarias de oferta, así como los éxitos electorales del Partido Popular que se han prolongado más allá del fin del ciclo inmobiliario en 2008.
Los nuevos autónomos y la hegemonía neoliberal El núcleo de esta constelación lo conforman los grandes intereses financieros e inmobiliarios del pais que consigieron acumular un importante poder político y económico durante el franquismo. El cambio democrático y las crisis bancaria e inmobiliaria de los años 1980 había colocado a estos grupos a la defensiva, pero el Tratado de Maastricht y la financiarización general del capitalismo occidental les permitió recuperar de nuevo el centro del poder económico y político del país y acumular un importante “poder estructural”.
Sin embargo, las oligarquías financieras del país y los grandes promotores inmobiliarios, que en parte están fuertemente unidos entre sí por lazos personales y familiares, no habrían podido generar un poder estructural e imponer sus “reglas del juego” como, por ejemplo, las políticas de endeudamiento que estallaron con la crisis financiera de 2008, las políticas de desregulación del uso del suelo o los incentivos fiscales para la adquisión de vivienda, si no hubieran recibido el apoyo de amplios sectores de las clases medias y populares a través de los programas de las diferentes opciones políticas. La expansión del sector de la construcción hizo posible la “acomodación” y el consentimiento de estos sectores al proyecto de cambio social de inspiración neoliberal. Dicho consentimiento explica en buena medida las victorias electorales del Partido Popular a partir de 1996 pero también la del Partido Socialista Obrero (PSOE) en 2008, año en el que el desempleo aún estaba en mínimos históricos debido precisamente a la inercia del dinamismo del sector de la construcción.
Dentro de esta constelación hegemónica los “nuevos autónomos” y nuevos -pequeños- empresarios vinculados al sector de la construcción ocupan un lugar central. Su densidad y rápido aumento en cuatro provincias explica en buena parte el cambio de ciclo político que se inicia en 1996, así como el avance de muchos de valores y actitudes esenciales para asegurar la legitimidad del proyecto neoliberal. La pérdida de votos al Partido Popular tras doce años de aumentos ininterrumpidos en dos de estas provincias en 2010 puede ser interpretado como un claro síntoma de la erosión de dicha constelación. Esta erosión se está acelerando con la aplicación de las medidas de ajuste impuestas por las autoridades comunitarias pero lo importante aquí es resaltar las consecuencias ideológicas de la misma.
2. El sector inmobiliario y el problema del desempleo en España
Deste 1981, es decir, prácticamente desde el comienzo de la nueva andadura democrática que coincide con “período neoliberal”, no ha habido ningún año en el que el desempleo haya bajado en España por debajo del 8% de la población activa. Destacan dos picos sobresalientes: el de 1985, año en el que el subió al 23%, y el de 1994 en que sobrepasó por primera vez el 24% de la población activa. En junio de 2012, la tasa de paro había alcanzado la cifra del 24,4% de la población activa y unos porcentajes muy próximos al 30% en algunas regiones como Andalucía y las Islas Canarias (29,7% y 29,8% respectivamente) (Encuesta de Población Activa). La economía sumergida, que se mueve en torno al 23% del Producto Interior Bruto, suaviza las consecuencias de esta situación para muchos ciudadanos, aunque no para los ayuntamientos. Con el cambio constitucional los ayuntamientos han asumido competencias destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población. La cronificación del desempleo, del trabajo temporal y del trabajo sumergido les ha creado serias dificultades para financiar muchos de estos compromisos con la ciudadanía. A través de la presencia de los representantes políticos locales en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que antes de la crisis de 2008 gestionaba más de la mitad de todo el ahorro de los españoles, los ayuntamientos -muchas veces independientemente de su color político- se incorporaron a la constelación señalada. Su aportación principal a la misma consistió en apoyar el desvío de partes sustanciales de dicho ahorro desde la economía local y productiva, a las inversiones inmobiliarias debido a su gran capacidad de crear empleo a corto plazo y de sanear las arcas municipales. La complicidad del Banco de España, de la mayoría de los gobiernos centrales y autonómicos, de los medios de comunicación y también de los espacios académicos en la legitimación de esta forma de emplear el ahorro popular, estimuló estas decisiones.
El resultado final es un espectacular aumento del precio de la vivienda en España. Pasó de 700 euros el metro cuadrado (vivienda nueva) en 1995 a más de 2.000 euros en 2007: casi un 300% más. La estrategia de vida, que pivota alrededor de la propiedad inmobiliaria y que en buena medida viene impuesta por la precariedad del mercado de trabajo español y un Estado del Bienestar insuficiente, incluye una baja tasa de emancipación juvenil y el mantenimiento de la unidad de solidaridad familiar. Ha resultado ser muy efectiva para hacer frente a las tres grandes crisis de desempleo que ha conocido el país desde el comienzo de la andadura democrática. La crisis financiera, la propia naturaleza del sector inmobiliario que no se puede caracterizar como “sector productivo”, así como el elevado coste ambiental y energético de su expansión, está demostrando sus limitaciones y también los riesgos para la estabilidad de sistema financiero internacional. La ola de crecimiento basado en el estímulo del consumo no mediante mejoras salariales sino por la vía del aumento del aumento del endeudameinto de las familias, sólo podía seguir funcionando si seguía respaldado por el continuo incremento del valor de los bienes inmuebles. Este esquema cuasi piramidal es similar al practicado por los gobiernos Clinton y George Bush hijo en los Estados Unidos. También en aquel caso se trataba del intento de conciliar los intereses de las clases populares -preferentemente la población hispana y afroamericana- con los de de la renta financiera e inmobiliaria a través de las ayudas a la adquisión de bienes inmuebles y de la resregulación del sistema financiero. Con la quiebra del capitalismo inmobiliario y el rápido aumento del desempleo, muchas familias -tanto las norteamericanas como las españolas- han perdido toda capacidad de hacer frente a sus créditos, lo cual ha disparado la tasa de morosidad y provocado el colapso de todo el sistema financiero y laboral a ambos lados del Atlántico.
3. Los “nuevos autónomos” y los pequeños empresarios vinculados a la construcción
No toda la estructura social española se ha visto afectada de la misma forma por la expansión inmobiliaria, si bien su crisis está teniendo consecuencias devastadoras para el conjunto del país. Vamos a analizar aquí un grupo social que ha tenido un protagonismo político e ideológico muy especial en la conformación de la constelación hegemónica que llamamos “capitalismo popular inmobiliario”: los “nuevos autónomos” y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) vinculadas al sector de la construcción. La relación entre ambos es evidente pues una parte importante de estas últimas son meras transformaciones jurídicas de los primeros (“personas físicas” transformadas en “sociedades limitadas”). Su crecimiento exponencial ha sido decisivo para la consolidación de las opciones conservadoras en ciertas provincias primero, y en el conjunto del país después. Nuestra tesis es que de la evolución de sus actitudes, valores, expectativas y comportamientos políticos tras el derrumbe inmobiliario depende en buena parte la evolución política del país a corto y medio plazo.
En la siguiente tabla figuran algunos datos sobre la estructura de las ocupaciones del sector tanto en la hora cero (1996) como en el punto culminante (2008) del ciclo económico y social que estamos analizando (cifras en miles de personas)
Tabla 1: Ocupados, empresarios, autónomos y asalariados en el sector de la construcción y de los servicios inmobiliarios
(1) No están incluidos los miembros de las cooperativas
Fuente: Encuesta de Población Activa
En el momento álgido del capitalismo popular inmobiliario éste, que incluye el sector de la construcción y el sector inmobiliario, daba trabajo a 2,6 millones, un 13% de la población ocupada. Este es uno de los porcentajes más altos del mundo donde el sector de la construcción genera por término medio no más del 7% del empleo. También es el más elevado de Europa después del de Rumanía, un país que, como España, también ha sufrido una fuerte crisis de empleo tras su incorporación a la Unión Europea unida a la destrucción tanto de una parte sustancial de su sector tradicional como también de su tejido industrial (Organización Mundial de Comercio, Eurostat). La expansión absoluta del empleo directo en el sector ha sido extraordinaria: del 52% en tan sólo 12 años. Si tenemos en cuenta que el desempleo superaba en 1994 el 24% de la población activa, se puede concluir la importancia de este sector y de su nucleo de poder para imponer agendas políticas, ambientales y jurídicas en España.
Como se desprende de la tabla 1, el grueso del empleo generado en el sector es trabajo asalariado (2,1 millones de puestos de trabajo en 2008). Este ha crecido un 145% entre 1996 y 2008, en buena medida debido a la incorporación de trabajadores extranjeros en el sector que han pasado de tan solo 13.000 en 1996 a 500.000 en 2008: un crecimiento del 3700% en tan solo 12 años. La mayoría son “trabajadores mano” y realizan las tareas menos cualificadas y de más contenido físico. Muchos son ciudadanos no comunitarios y, con la excepción de algunos procedentes de ciertos países latinoamericanos, no tienen ninguna capacidad de influencia política aún cuando su trabajo ha sido fundamental para el aumento de la rentabilidad y para la expansión de las PYMES del sector.
El grupo políticamente relevante en este contexto es, sin embargo, el de los ocupados “no asalariados” de la construcción. Su aumento también ha sido muy importante, sobre todo el de los empresarios (+116%) la mayor parte de los cuales no tienen más de cuatro trabajadores a su cargo, muchos de ellos familiares. Esto convierte a una buena parte de estos 214.000 “empresarios” del sector en autónomos de facto asistidos por ayudantes familiares. El tamaño medio de los hogares españoles era hacia el año 2.000 de 3 personas (Instituto Nacional de Industria), sin embargo la tasa de matrimonios entre los autónomos es mucho más alta que la del resto de la población, con lo cual no nos equivocamos demasiado si afirmamos que el radio de influencia económica e ideológica directa de este colectivo afecta a más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas directamente vinculados a él, y a los que habría que sumar a todos aquellos vinculados a la economía informal en el sector. Este universo de 2,5 millones de personas largos constituyen el núcleo de aquella parte de las clases medias pero sobre todo de las clases populares que resultó particularmente beneficiada del boom inmobiliario. Su evolución ideológica explica el vuelco político en el país: es el grupo al que dirigimos nuestro análisis.
4. Valores y actitudes de los “nuevos autónomos”
¿Cómo evolucionaron los valores y las actitudes ideológicas de este grupo social? Nuestra hipótesis es que, aún cuando se trató de no más de 250.000 activos directos -la mayoría hombres casados o en vías de hacerlo- su evolución ideológica tiene una importancia cualitativa decisiva para la evolución del clima ideológico del país en su conjunto y que el desplome del estatus social de este grupo puede resultar decisivo para la legitimación de las políticas neoliberales. Su propia trayectoria ideológica como grupo social minoritario se extendió a otros grupos sociales debido al fuerte dinamismo del sector de la construcción que le dio soporte y reconocimiento material a dicha trayectoria. Hay cuatro aspectos a resaltar aquí.
a.) De asalariados a (proto) empresarios
La mayoría de los 136.000 “nuevos autónomos” como de los 115.000 también “nuevos” empresarios, proceden del mundo asalariado. La fuerte crisis de empleo de 1993/94 arrojó al paro a muchos de ellos o a sus padres y la expansión inmobiliaria se convirtió en una inesperada vía de movilidad social ascendente. Esta les abrió un nuevo horizonte vital cuya estación final era la posibilidad de entrar a formar parte de la clase empresarial del país compuesta por unas 800.000 personas en 2004. Es un “cambio de bando” en toda regla. De asalariados de una empresas en declive, muchos organizados en unos sindicatos que no pudieron evitar su despido o el cierre de las empresas en las que trabajaban, muchos se conviertieron en (proto-) empresarios con buenas posibilidades de acabar siendo empresarios de verdad, es decir, de ampliar la escala de la producción y de la inversión comandando cantidades crecientes de trabajo vivo.
Estas incorporaciones le dieron a la clase empresarial del país un fuerte contenido popular que no tenía antes, y suavizaron la imagen elitista, autoritaria y endogámica que venía arrastrando el empresariado español desde los tiempos del franquismo, y que había venido frenando durante dos décadas el crecimiento electoral de los partidos conservadores. Es un fenómeno similar al del triunfo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña: una mujer procedente de los ambientes, en este caso de los autonómos tradicionales -su familia tenía un pequeño comercio- que consigue imponerse dentro de la dirección del partido conservador británico precisamente por su capacidad de atrae un voto popular que los convervadores se venían hasta entonces incapaces de desvincular de la órbita ideológica del Partido Laborista, entre otras razones debido a sus valores elitistas. El lugar que en Gran Bretaña ocuparon las finanzas para fidelizar a las clases populares a través de su adquisición de activos financieros, lo ocupa en España el sector inmobiliario debido justamente a la importancia que tienen los bienes inmuebles dentro de las estrategias de vida de las clases populares hispanas (Fernández Steinko 2010). De esta forma el discurso neoliberal recibió una legitimidad que acabó siendo esencial para la consolidación del proyecto político propuesto por el entonces presidente del Partido Popular José María Aznar. Por partida doble: primero logrando apoyos de las clases populares en su condición de consumidoras gracias a la revalorización de los precios de los bienes inmuebles de su propiedad que ampliaron sustancialmente su margen de endeudamiento (ver arriba). Y segundo dicho proyecto se consolidó debido al apoyo de este colectivo en su condición de productores: como autónomos y pequeños empresarios directamente activos en el pujante sector inmobiliario.
b.) Individualismo versus solidaridad
Una segunda consecuencia ideológica de este cambio, que arrastró tras de sí muchas otras de contenido moral y cultural, es la sustitución de la visión macroeconóma y macrosocial propia de las clases asalariadas, que alimentan los valores solidarios y llevan a defender políticas de demanda (“el beneficio del conjunto es la clave de mi beneficio individual”, “hacen falta políticas redistributivas y de solidaridad” etc.) por el pensamineto microeconómico y microsocial propio de las clases empresariales y las políticas de oferta que se derivan de él, incluído un fuerte apego a los valores individualistas (“mi mundo es mi empresa y mi familia”, “el país es una suma de empresas y familias que piensan en términos de costes y beneficios individuales”, “hay que pagar menos impuestos para sacar adelante el negocio”, “cada uno es dueño y señor de su propio destino” etc.). Estos cambios ideológicos refuerzan la aceptación de las políticas monetaristas también entre las clases sociales que, a largo plazo, tienden a ser sus principales víctimas. Es el salto ideológico más importante que necesitaba dar el neoliberalismo para poder asentar su hegemonía entre sectores mayoritarios del electorado de un país con un problema de desempleo particularmente importante. La “comunidad política”, que funciona sobre una lógica de interés general, pierde aliados ganándolos la “comunidad económica”, la pequeña parcela de los intereses privados. La funcionalidad de este discurso altamente individualista se vió reforzada por los procesos fácticos de movilidad social que muchos antiguos asalariados empezaron a experimentar a partir de 1997: no era sólo ideología, eran mejoras concretas y palpables de la propia posición social.
Sin embargo sería un error pensar que en los ambientes de los “nuevos autónomos” es desconocida la solidaridad o que estos sólo abracen valores individualistas frente a la tradición solidaria del movimiento obrero y socialista. En nuestro estudio sobre la Nueva Economía madrileña ya detectamos la necesidad de hacer una valoración más refinada de la relación entre los valores -en este caso solidarios y/o individualistas- y las actitudes políticas “progresitas” y/o “conservadoras” . Los nuevos autónomos son individualistas y fuertemente competitivos hacia fuera pero solidarios hacia dentro de su propia unidad familiar. Aquí no sólo no están bien vistas las disidencias individuales y el individualismo en general, sino que ambos son altamente disfuncionales para el negocio. El intento de los hijos, de las esposas o de los clasificados estadísticamente como “ayudantes familiares” de darle a sus vidas una salida propia (por ejemplo más autónoma) no sólo no está bien visto, sino que puede resultar fatídico para el proyecto empresarial en su conjunto. Esto, y la titularidad masculina del negocio, refuerza las actitudes machistas y la asimetría en el seno de la familia. La familia es una pieza decisiva para la prosperidad de un negocio de estas caraterísticas, lo cual explica que el porcentaje de casados/divorciados sea el más alto del país precisamente entre los autónomos. Este comunismo familiar, sin el cual no se puede entender el sistema de bienestar en los países del sur de Europa, no está necesariamente definido ideológicamente: puede operar en favor de un neoliberalismo ultracompetitivo como el que acabamos de describir, pero también a favor de una sociedad y una economía solidarias.
c.) Espacio laboral y cultura del trabajo
Todos estos cambios generan una transformación radical de la cultura del trabajo. Se trata de un cambio más general que viven los trabajadores de muchos otros sectores y que viene siendo estudiada desde hace tiempo, pero que resulta particularmente rápido y radical en los espacios que estamos analizando. La cultura laboral del “nuevo autónomo” no incluye la lucha por mantener a raya los tiempos de trabajo con el fin de ampliar el tiempo dedicado a familia, ocio y tiempo libre. Por el contrario, los límites horarios, las vacaciones reguladas o los fines de semana libres van convirtiéndose en realidades remotas, propias de un tiempo que parece históricamente superado. La frontera entre el trabajo y el no trabajo se hace más fluida y porosa, el teléfono móvil permite estar continuamente en contacto con un cliente o con un suministrador y los fines de semana hay que hacer la contabilidad o planificar operaciones comerciales. No hay un patrón que controle, supervise y explote el trabajo de autónomo, sino una autoexplotación permanente (“Yo-SA”) que se ve recompensada en momentos de auge económico pero no en momentos de crisis en que vuelve a ganar atractividad la idea de la seguridad en el empleo frente a la de una mayor remuneración económica y una mayor autonomía en el trabajo. En general, las jornadas de trabajo a la semana de los autónomos -tanto los ”nuevos” como los tradicionales- son las más altas de todo el sistema sociolaboral español (más de 50 horas de media) sin que esto se transforme en actitudes de protesta ¿Contra quién protestar? Si acaso contra el Estado que recauda impuestos y descuenta una parte de los ingresos obtenidos. La falta de patriotismo fiscal y el contacto con el sector sumergido de la economía es, de hecho, permanente en estos ambientes. El 55% de los autónomos españoles cotiza la base mínima, lo cual no quiere decir que no piense en su futuro sino que más bien planifica su vida al margen de los mecanismos públicos de provisión de bienestar, por ejemplo por medio de la adquisición de bienes inmuebles. Esta falta de patriotismo fiscal no quita, sin embargo, para que los autónomos le exijan a los poderes públicos que construya carreteras, asegure su Seguridad Social, deprima los salarios y facilite la obtención de créditos lo más baratos posibles.
Un aspecto importante que diferencia a los autónomos tradicionales de los “nuevos autónomos” vinculados a la construcción -y con la excepción tal vez de los “comerciales” que trabajan a comisión- es su geografía laboral extremadamente cambiante. Su espacio de actuación laboral se encuentra en las conexiones y territorios periurbanos, en los nudos de comunicación que unen los grandes centros logísticos, los polígonos industriales y los depósitos de mercancías con los centros de consumo, con las almendras centrales de las ciudades así como con los nuevos barrios y urbanizaciones ya edificadas o aun en construcción. Hoy trabajan con esta empresa y tienen sus clientes aquí, mañana trabajan con otra y sus clientes están en otro sitio. Son tan sedentarios como el resto de la población española, pero su día a día es una sucesión interminable de kilómetros y viajes cortos que marcan definitivamente sus vidas. Esto les hace depender del automóvil y de los furgonetas como el pez depende del agua. España es, de hecho, el principal productor de Europa de pequeños vehículos industriales y los “nuevos autónomos” son los reyes de las Ford Transit, de las Citroën Berlingo y las Fiat Doblo que circulan ininterrumpidamente por las carreteras de circuvalación de los grandes centros de consumo del país.
La expansión general del sector de la construcción y de este colectivo en particular tiene graves consecuencias para la conciencia ambiental del país. La construcción con fines especulativos es un insaciable consumidor de espacio, de energía, de carreteras, de naturaleza, de materiales, de paisajes y de patrimonio cultural. Su crecimiento depende de la apropiación privada de recursos colectivos, de la colonización de espacios de uso o propiedad común aún no incorporados a la lógica económica, de una “acumulación por desposesión”. Su dependencia del automóvil privado y de las carreteras construidas para explorar las posibilidades de negocio que puede abrir un paisaje, una playa o una montaña, es total y no es casualidad que el desarrollo de la red de carreteras haya transcurrido en paralelo al explosivo desarrollo del sector de la construcción en los últimos años. Por tanto el grueso de los “"nuevos autómos” tiene que ser, decididamente negacionista del cambio climático. Para ellos el discurso ambiental es una amenaza para esa movilidad casi absoluta que necesitan para sacar adelante su precario y parcelado negocio así como a sus familias. Su dependencia de unos precios de la gasolina lo más bajos posible, de unos salarios rozando el nivel de subsistencia para esos dos o tres trabajadores que tienen contratados muchas veces y su fe en un modelo de crecimiento ilimitado en el que cada monte es susceptible de ser cubierto de chalets adosados, no emana de una especie de fanatismo desarrollista sino de la dinámica impuesta por la lógica misma de crecimiento de un sector que les ha dado una segunda oportunidad en sus vidas.
5. Capitalismo popular y cambios políticos
El rastreo de la evolución ideológica de este grupo social requeriría de un estudio cualitativo. Nosotros vamos a intentar hacerlo utilizando herramientas cuantitativas, más concretamente cruzando los datos de la Encuesta de Población Activa y del Directorio de Empresas con los datos electorales. La única forma de conseguirlo utilizando este método es concentrar el análisis en las provincias en las que más ha crecido el sector inmobiliario, comprobar si este crecimiento correlaciona con la evolución porcentual de los autónomos y de las pequeñas empresas, y contrastar esta información con la evolución electoral en dichas provincias y en el conjunto del país. En la tabla nº 2 figura la primera parte de esta información
Tabla 2: Participación del sector de la construcción, autónomos y sociedades limitadas en cuatro provincias españolas
(1) No incluye el trabajo sumergido
(2) “Personas físicas”
Fuente: Encuesta de Población Activa y Directorio de Empresas
Las provincias en las que el sector de la construcción ha ganado más peso relativo en los años del boom inmobiliario son Alicante, Murcia, Almería y Málaga. En todas, excepto en Alicante, los ocupados del sector sector han aumentado su peso por encima de la media nacional (+3%) que colocó este porcentaje en el 12,8%. Destacan Almería y, sobre todo Málaga donde, a pesar de la importante actividad constructora en los años 1960-1980 en tan solo 12 años (1996-2008) la construcción ha aumentado su peso relativo en 5 puntos porcentuales, casi el doble que en la media del país. Estas cifras no tienen en cuenta el trabajo sumergido que elevaría esta cifra aún más. El caso de Alicante es significativo porque, si bien su estructura económica -y por tanto también social- está más diversificada y de que en ella la contrucción tiene un peso relativo idéntico al de la media del país (del 12,8%), el crecimiento de los autónomos también ha sido particularmente importante en los años de la burbuja inmobiliaria. En la siguiente columna se aprecia que en el resto de las cuatro provincias esta expansión de la población activa en el sector correlaciona claramente con el aumento de los trabajadores autónomos o “personas fisicas” para el período 1999 a 2008 (no hay datos para años anteriores). La media nacional es de +13% mientras que en estas cuatro provincias los incrementos son muy superiores: entre el 22% en la provincia de Almería y nada menos que del 30% de la provincia de Málaga. Algo parecido se puede decir en relación a la creación de sociedades limitadas que también han aumentado mucho más rápido entre 1999 y 2008 en estas cuatro provincias que en el conjunto del país con la excepción de la provinca de Alicante, donde este incremento ha sido ligeramente inferior al nacional por las razones señaladas arriba. Se puede decir, en consecuencia, que los “nuevos autónomos” vinculados a la contrucción así como las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría no son sino autónomos que han pasado a convertirse en pequeños empresarios, han sido actores del boom inmobiliario particularmente dinámicos en estas cuatro provincias. La densidad y la influencia de este grupo sobre el conjunto de su estructura social tiene que haber sido, necesariamente, muy importante.
¿Cómo han evolucionado políticamente dichas provincias? La tabla número 3 da respuesta a esta pregunta
Tabla nº 3 Evolución del desempleo y del apoyo electoral al Partido Popular y a Izquierda Unida en Alicante, Murcia, Almería y Málaga
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Los "nuevos autónomos" y la hegemonía neoliberal en España
1. Introducción
El capitalismo popular inmobiliario, que se inicia con el gobierno de Aznar en 1996 y concluye con la una fuerte crisis financiera doce años después, ha funcionado durante años como un importante bloque hegemónico. Esta constelación explica no sólo la estabilidad política del neoliberalismo en un país con alto desempleo como España, sino la implantación de una serie de valores y actitudes que encajan en las políticas monetarias de oferta, así como los éxitos electorales del Partido Popular que se han prolongado más allá del fin del ciclo inmobiliario en 2008.
Los nuevos autónomos y la hegemonía neoliberal El núcleo de esta constelación lo conforman los grandes intereses financieros e inmobiliarios del pais que consigieron acumular un importante poder político y económico durante el franquismo. El cambio democrático y las crisis bancaria e inmobiliaria de los años 1980 había colocado a estos grupos a la defensiva, pero el Tratado de Maastricht y la financiarización general del capitalismo occidental les permitió recuperar de nuevo el centro del poder económico y político del país y acumular un importante “poder estructural”.
Sin embargo, las oligarquías financieras del país y los grandes promotores inmobiliarios, que en parte están fuertemente unidos entre sí por lazos personales y familiares, no habrían podido generar un poder estructural e imponer sus “reglas del juego” como, por ejemplo, las políticas de endeudamiento que estallaron con la crisis financiera de 2008, las políticas de desregulación del uso del suelo o los incentivos fiscales para la adquisión de vivienda, si no hubieran recibido el apoyo de amplios sectores de las clases medias y populares a través de los programas de las diferentes opciones políticas. La expansión del sector de la construcción hizo posible la “acomodación” y el consentimiento de estos sectores al proyecto de cambio social de inspiración neoliberal. Dicho consentimiento explica en buena medida las victorias electorales del Partido Popular a partir de 1996 pero también la del Partido Socialista Obrero (PSOE) en 2008, año en el que el desempleo aún estaba en mínimos históricos debido precisamente a la inercia del dinamismo del sector de la construcción.
Dentro de esta constelación hegemónica los “nuevos autónomos” y nuevos -pequeños- empresarios vinculados al sector de la construcción ocupan un lugar central. Su densidad y rápido aumento en cuatro provincias explica en buena parte el cambio de ciclo político que se inicia en 1996, así como el avance de muchos de valores y actitudes esenciales para asegurar la legitimidad del proyecto neoliberal. La pérdida de votos al Partido Popular tras doce años de aumentos ininterrumpidos en dos de estas provincias en 2010 puede ser interpretado como un claro síntoma de la erosión de dicha constelación. Esta erosión se está acelerando con la aplicación de las medidas de ajuste impuestas por las autoridades comunitarias pero lo importante aquí es resaltar las consecuencias ideológicas de la misma.
2. El sector inmobiliario y el problema del desempleo en España
Deste 1981, es decir, prácticamente desde el comienzo de la nueva andadura democrática que coincide con “período neoliberal”, no ha habido ningún año en el que el desempleo haya bajado en España por debajo del 8% de la población activa. Destacan dos picos sobresalientes: el de 1985, año en el que el subió al 23%, y el de 1994 en que sobrepasó por primera vez el 24% de la población activa. En junio de 2012, la tasa de paro había alcanzado la cifra del 24,4% de la población activa y unos porcentajes muy próximos al 30% en algunas regiones como Andalucía y las Islas Canarias (29,7% y 29,8% respectivamente) (Encuesta de Población Activa). La economía sumergida, que se mueve en torno al 23% del Producto Interior Bruto, suaviza las consecuencias de esta situación para muchos ciudadanos, aunque no para los ayuntamientos. Con el cambio constitucional los ayuntamientos han asumido competencias destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población. La cronificación del desempleo, del trabajo temporal y del trabajo sumergido les ha creado serias dificultades para financiar muchos de estos compromisos con la ciudadanía. A través de la presencia de los representantes políticos locales en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que antes de la crisis de 2008 gestionaba más de la mitad de todo el ahorro de los españoles, los ayuntamientos -muchas veces independientemente de su color político- se incorporaron a la constelación señalada. Su aportación principal a la misma consistió en apoyar el desvío de partes sustanciales de dicho ahorro desde la economía local y productiva, a las inversiones inmobiliarias debido a su gran capacidad de crear empleo a corto plazo y de sanear las arcas municipales. La complicidad del Banco de España, de la mayoría de los gobiernos centrales y autonómicos, de los medios de comunicación y también de los espacios académicos en la legitimación de esta forma de emplear el ahorro popular, estimuló estas decisiones.
El resultado final es un espectacular aumento del precio de la vivienda en España. Pasó de 700 euros el metro cuadrado (vivienda nueva) en 1995 a más de 2.000 euros en 2007: casi un 300% más. La estrategia de vida, que pivota alrededor de la propiedad inmobiliaria y que en buena medida viene impuesta por la precariedad del mercado de trabajo español y un Estado del Bienestar insuficiente, incluye una baja tasa de emancipación juvenil y el mantenimiento de la unidad de solidaridad familiar. Ha resultado ser muy efectiva para hacer frente a las tres grandes crisis de desempleo que ha conocido el país desde el comienzo de la andadura democrática. La crisis financiera, la propia naturaleza del sector inmobiliario que no se puede caracterizar como “sector productivo”, así como el elevado coste ambiental y energético de su expansión, está demostrando sus limitaciones y también los riesgos para la estabilidad de sistema financiero internacional. La ola de crecimiento basado en el estímulo del consumo no mediante mejoras salariales sino por la vía del aumento del aumento del endeudameinto de las familias, sólo podía seguir funcionando si seguía respaldado por el continuo incremento del valor de los bienes inmuebles. Este esquema cuasi piramidal es similar al practicado por los gobiernos Clinton y George Bush hijo en los Estados Unidos. También en aquel caso se trataba del intento de conciliar los intereses de las clases populares -preferentemente la población hispana y afroamericana- con los de de la renta financiera e inmobiliaria a través de las ayudas a la adquisión de bienes inmuebles y de la resregulación del sistema financiero. Con la quiebra del capitalismo inmobiliario y el rápido aumento del desempleo, muchas familias -tanto las norteamericanas como las españolas- han perdido toda capacidad de hacer frente a sus créditos, lo cual ha disparado la tasa de morosidad y provocado el colapso de todo el sistema financiero y laboral a ambos lados del Atlántico.
3. Los “nuevos autónomos” y los pequeños empresarios vinculados a la construcción
No toda la estructura social española se ha visto afectada de la misma forma por la expansión inmobiliaria, si bien su crisis está teniendo consecuencias devastadoras para el conjunto del país. Vamos a analizar aquí un grupo social que ha tenido un protagonismo político e ideológico muy especial en la conformación de la constelación hegemónica que llamamos “capitalismo popular inmobiliario”: los “nuevos autónomos” y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) vinculadas al sector de la construcción. La relación entre ambos es evidente pues una parte importante de estas últimas son meras transformaciones jurídicas de los primeros (“personas físicas” transformadas en “sociedades limitadas”). Su crecimiento exponencial ha sido decisivo para la consolidación de las opciones conservadoras en ciertas provincias primero, y en el conjunto del país después. Nuestra tesis es que de la evolución de sus actitudes, valores, expectativas y comportamientos políticos tras el derrumbe inmobiliario depende en buena parte la evolución política del país a corto y medio plazo.
En la siguiente tabla figuran algunos datos sobre la estructura de las ocupaciones del sector tanto en la hora cero (1996) como en el punto culminante (2008) del ciclo económico y social que estamos analizando (cifras en miles de personas)
Tabla 1: Ocupados, empresarios, autónomos y asalariados en el sector de la construcción y de los servicios inmobiliarios
| 1996 | 2008 | incremento | |
| Total ocupados en el sector de la construcción (1) | 1.700 | 2.600 | 52% |
| ➡No asalariados (1) | 296 | 539 | 82% |
| •Empresarios | 99 | 214 | 116% |
| •Autónomos (incluida “ayuda familiar”) | 161 | 297 | 84% |
| ➡Asalariados | 868 | 2.130 | 145% |
(1) No están incluidos los miembros de las cooperativas
Fuente: Encuesta de Población Activa
En el momento álgido del capitalismo popular inmobiliario éste, que incluye el sector de la construcción y el sector inmobiliario, daba trabajo a 2,6 millones, un 13% de la población ocupada. Este es uno de los porcentajes más altos del mundo donde el sector de la construcción genera por término medio no más del 7% del empleo. También es el más elevado de Europa después del de Rumanía, un país que, como España, también ha sufrido una fuerte crisis de empleo tras su incorporación a la Unión Europea unida a la destrucción tanto de una parte sustancial de su sector tradicional como también de su tejido industrial (Organización Mundial de Comercio, Eurostat). La expansión absoluta del empleo directo en el sector ha sido extraordinaria: del 52% en tan sólo 12 años. Si tenemos en cuenta que el desempleo superaba en 1994 el 24% de la población activa, se puede concluir la importancia de este sector y de su nucleo de poder para imponer agendas políticas, ambientales y jurídicas en España.
Como se desprende de la tabla 1, el grueso del empleo generado en el sector es trabajo asalariado (2,1 millones de puestos de trabajo en 2008). Este ha crecido un 145% entre 1996 y 2008, en buena medida debido a la incorporación de trabajadores extranjeros en el sector que han pasado de tan solo 13.000 en 1996 a 500.000 en 2008: un crecimiento del 3700% en tan solo 12 años. La mayoría son “trabajadores mano” y realizan las tareas menos cualificadas y de más contenido físico. Muchos son ciudadanos no comunitarios y, con la excepción de algunos procedentes de ciertos países latinoamericanos, no tienen ninguna capacidad de influencia política aún cuando su trabajo ha sido fundamental para el aumento de la rentabilidad y para la expansión de las PYMES del sector.
El grupo políticamente relevante en este contexto es, sin embargo, el de los ocupados “no asalariados” de la construcción. Su aumento también ha sido muy importante, sobre todo el de los empresarios (+116%) la mayor parte de los cuales no tienen más de cuatro trabajadores a su cargo, muchos de ellos familiares. Esto convierte a una buena parte de estos 214.000 “empresarios” del sector en autónomos de facto asistidos por ayudantes familiares. El tamaño medio de los hogares españoles era hacia el año 2.000 de 3 personas (Instituto Nacional de Industria), sin embargo la tasa de matrimonios entre los autónomos es mucho más alta que la del resto de la población, con lo cual no nos equivocamos demasiado si afirmamos que el radio de influencia económica e ideológica directa de este colectivo afecta a más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas directamente vinculados a él, y a los que habría que sumar a todos aquellos vinculados a la economía informal en el sector. Este universo de 2,5 millones de personas largos constituyen el núcleo de aquella parte de las clases medias pero sobre todo de las clases populares que resultó particularmente beneficiada del boom inmobiliario. Su evolución ideológica explica el vuelco político en el país: es el grupo al que dirigimos nuestro análisis.
4. Valores y actitudes de los “nuevos autónomos”
¿Cómo evolucionaron los valores y las actitudes ideológicas de este grupo social? Nuestra hipótesis es que, aún cuando se trató de no más de 250.000 activos directos -la mayoría hombres casados o en vías de hacerlo- su evolución ideológica tiene una importancia cualitativa decisiva para la evolución del clima ideológico del país en su conjunto y que el desplome del estatus social de este grupo puede resultar decisivo para la legitimación de las políticas neoliberales. Su propia trayectoria ideológica como grupo social minoritario se extendió a otros grupos sociales debido al fuerte dinamismo del sector de la construcción que le dio soporte y reconocimiento material a dicha trayectoria. Hay cuatro aspectos a resaltar aquí.
a.) De asalariados a (proto) empresarios
La mayoría de los 136.000 “nuevos autónomos” como de los 115.000 también “nuevos” empresarios, proceden del mundo asalariado. La fuerte crisis de empleo de 1993/94 arrojó al paro a muchos de ellos o a sus padres y la expansión inmobiliaria se convirtió en una inesperada vía de movilidad social ascendente. Esta les abrió un nuevo horizonte vital cuya estación final era la posibilidad de entrar a formar parte de la clase empresarial del país compuesta por unas 800.000 personas en 2004. Es un “cambio de bando” en toda regla. De asalariados de una empresas en declive, muchos organizados en unos sindicatos que no pudieron evitar su despido o el cierre de las empresas en las que trabajaban, muchos se conviertieron en (proto-) empresarios con buenas posibilidades de acabar siendo empresarios de verdad, es decir, de ampliar la escala de la producción y de la inversión comandando cantidades crecientes de trabajo vivo.
Estas incorporaciones le dieron a la clase empresarial del país un fuerte contenido popular que no tenía antes, y suavizaron la imagen elitista, autoritaria y endogámica que venía arrastrando el empresariado español desde los tiempos del franquismo, y que había venido frenando durante dos décadas el crecimiento electoral de los partidos conservadores. Es un fenómeno similar al del triunfo de Margaret Thatcher en Gran Bretaña: una mujer procedente de los ambientes, en este caso de los autonómos tradicionales -su familia tenía un pequeño comercio- que consigue imponerse dentro de la dirección del partido conservador británico precisamente por su capacidad de atrae un voto popular que los convervadores se venían hasta entonces incapaces de desvincular de la órbita ideológica del Partido Laborista, entre otras razones debido a sus valores elitistas. El lugar que en Gran Bretaña ocuparon las finanzas para fidelizar a las clases populares a través de su adquisición de activos financieros, lo ocupa en España el sector inmobiliario debido justamente a la importancia que tienen los bienes inmuebles dentro de las estrategias de vida de las clases populares hispanas (Fernández Steinko 2010). De esta forma el discurso neoliberal recibió una legitimidad que acabó siendo esencial para la consolidación del proyecto político propuesto por el entonces presidente del Partido Popular José María Aznar. Por partida doble: primero logrando apoyos de las clases populares en su condición de consumidoras gracias a la revalorización de los precios de los bienes inmuebles de su propiedad que ampliaron sustancialmente su margen de endeudamiento (ver arriba). Y segundo dicho proyecto se consolidó debido al apoyo de este colectivo en su condición de productores: como autónomos y pequeños empresarios directamente activos en el pujante sector inmobiliario.
b.) Individualismo versus solidaridad
Una segunda consecuencia ideológica de este cambio, que arrastró tras de sí muchas otras de contenido moral y cultural, es la sustitución de la visión macroeconóma y macrosocial propia de las clases asalariadas, que alimentan los valores solidarios y llevan a defender políticas de demanda (“el beneficio del conjunto es la clave de mi beneficio individual”, “hacen falta políticas redistributivas y de solidaridad” etc.) por el pensamineto microeconómico y microsocial propio de las clases empresariales y las políticas de oferta que se derivan de él, incluído un fuerte apego a los valores individualistas (“mi mundo es mi empresa y mi familia”, “el país es una suma de empresas y familias que piensan en términos de costes y beneficios individuales”, “hay que pagar menos impuestos para sacar adelante el negocio”, “cada uno es dueño y señor de su propio destino” etc.). Estos cambios ideológicos refuerzan la aceptación de las políticas monetaristas también entre las clases sociales que, a largo plazo, tienden a ser sus principales víctimas. Es el salto ideológico más importante que necesitaba dar el neoliberalismo para poder asentar su hegemonía entre sectores mayoritarios del electorado de un país con un problema de desempleo particularmente importante. La “comunidad política”, que funciona sobre una lógica de interés general, pierde aliados ganándolos la “comunidad económica”, la pequeña parcela de los intereses privados. La funcionalidad de este discurso altamente individualista se vió reforzada por los procesos fácticos de movilidad social que muchos antiguos asalariados empezaron a experimentar a partir de 1997: no era sólo ideología, eran mejoras concretas y palpables de la propia posición social.
Sin embargo sería un error pensar que en los ambientes de los “nuevos autónomos” es desconocida la solidaridad o que estos sólo abracen valores individualistas frente a la tradición solidaria del movimiento obrero y socialista. En nuestro estudio sobre la Nueva Economía madrileña ya detectamos la necesidad de hacer una valoración más refinada de la relación entre los valores -en este caso solidarios y/o individualistas- y las actitudes políticas “progresitas” y/o “conservadoras” . Los nuevos autónomos son individualistas y fuertemente competitivos hacia fuera pero solidarios hacia dentro de su propia unidad familiar. Aquí no sólo no están bien vistas las disidencias individuales y el individualismo en general, sino que ambos son altamente disfuncionales para el negocio. El intento de los hijos, de las esposas o de los clasificados estadísticamente como “ayudantes familiares” de darle a sus vidas una salida propia (por ejemplo más autónoma) no sólo no está bien visto, sino que puede resultar fatídico para el proyecto empresarial en su conjunto. Esto, y la titularidad masculina del negocio, refuerza las actitudes machistas y la asimetría en el seno de la familia. La familia es una pieza decisiva para la prosperidad de un negocio de estas caraterísticas, lo cual explica que el porcentaje de casados/divorciados sea el más alto del país precisamente entre los autónomos. Este comunismo familiar, sin el cual no se puede entender el sistema de bienestar en los países del sur de Europa, no está necesariamente definido ideológicamente: puede operar en favor de un neoliberalismo ultracompetitivo como el que acabamos de describir, pero también a favor de una sociedad y una economía solidarias.
c.) Espacio laboral y cultura del trabajo
Todos estos cambios generan una transformación radical de la cultura del trabajo. Se trata de un cambio más general que viven los trabajadores de muchos otros sectores y que viene siendo estudiada desde hace tiempo, pero que resulta particularmente rápido y radical en los espacios que estamos analizando. La cultura laboral del “nuevo autónomo” no incluye la lucha por mantener a raya los tiempos de trabajo con el fin de ampliar el tiempo dedicado a familia, ocio y tiempo libre. Por el contrario, los límites horarios, las vacaciones reguladas o los fines de semana libres van convirtiéndose en realidades remotas, propias de un tiempo que parece históricamente superado. La frontera entre el trabajo y el no trabajo se hace más fluida y porosa, el teléfono móvil permite estar continuamente en contacto con un cliente o con un suministrador y los fines de semana hay que hacer la contabilidad o planificar operaciones comerciales. No hay un patrón que controle, supervise y explote el trabajo de autónomo, sino una autoexplotación permanente (“Yo-SA”) que se ve recompensada en momentos de auge económico pero no en momentos de crisis en que vuelve a ganar atractividad la idea de la seguridad en el empleo frente a la de una mayor remuneración económica y una mayor autonomía en el trabajo. En general, las jornadas de trabajo a la semana de los autónomos -tanto los ”nuevos” como los tradicionales- son las más altas de todo el sistema sociolaboral español (más de 50 horas de media) sin que esto se transforme en actitudes de protesta ¿Contra quién protestar? Si acaso contra el Estado que recauda impuestos y descuenta una parte de los ingresos obtenidos. La falta de patriotismo fiscal y el contacto con el sector sumergido de la economía es, de hecho, permanente en estos ambientes. El 55% de los autónomos españoles cotiza la base mínima, lo cual no quiere decir que no piense en su futuro sino que más bien planifica su vida al margen de los mecanismos públicos de provisión de bienestar, por ejemplo por medio de la adquisición de bienes inmuebles. Esta falta de patriotismo fiscal no quita, sin embargo, para que los autónomos le exijan a los poderes públicos que construya carreteras, asegure su Seguridad Social, deprima los salarios y facilite la obtención de créditos lo más baratos posibles.
Un aspecto importante que diferencia a los autónomos tradicionales de los “nuevos autónomos” vinculados a la construcción -y con la excepción tal vez de los “comerciales” que trabajan a comisión- es su geografía laboral extremadamente cambiante. Su espacio de actuación laboral se encuentra en las conexiones y territorios periurbanos, en los nudos de comunicación que unen los grandes centros logísticos, los polígonos industriales y los depósitos de mercancías con los centros de consumo, con las almendras centrales de las ciudades así como con los nuevos barrios y urbanizaciones ya edificadas o aun en construcción. Hoy trabajan con esta empresa y tienen sus clientes aquí, mañana trabajan con otra y sus clientes están en otro sitio. Son tan sedentarios como el resto de la población española, pero su día a día es una sucesión interminable de kilómetros y viajes cortos que marcan definitivamente sus vidas. Esto les hace depender del automóvil y de los furgonetas como el pez depende del agua. España es, de hecho, el principal productor de Europa de pequeños vehículos industriales y los “nuevos autónomos” son los reyes de las Ford Transit, de las Citroën Berlingo y las Fiat Doblo que circulan ininterrumpidamente por las carreteras de circuvalación de los grandes centros de consumo del país.
La expansión general del sector de la construcción y de este colectivo en particular tiene graves consecuencias para la conciencia ambiental del país. La construcción con fines especulativos es un insaciable consumidor de espacio, de energía, de carreteras, de naturaleza, de materiales, de paisajes y de patrimonio cultural. Su crecimiento depende de la apropiación privada de recursos colectivos, de la colonización de espacios de uso o propiedad común aún no incorporados a la lógica económica, de una “acumulación por desposesión”. Su dependencia del automóvil privado y de las carreteras construidas para explorar las posibilidades de negocio que puede abrir un paisaje, una playa o una montaña, es total y no es casualidad que el desarrollo de la red de carreteras haya transcurrido en paralelo al explosivo desarrollo del sector de la construcción en los últimos años. Por tanto el grueso de los “"nuevos autómos” tiene que ser, decididamente negacionista del cambio climático. Para ellos el discurso ambiental es una amenaza para esa movilidad casi absoluta que necesitan para sacar adelante su precario y parcelado negocio así como a sus familias. Su dependencia de unos precios de la gasolina lo más bajos posible, de unos salarios rozando el nivel de subsistencia para esos dos o tres trabajadores que tienen contratados muchas veces y su fe en un modelo de crecimiento ilimitado en el que cada monte es susceptible de ser cubierto de chalets adosados, no emana de una especie de fanatismo desarrollista sino de la dinámica impuesta por la lógica misma de crecimiento de un sector que les ha dado una segunda oportunidad en sus vidas.
5. Capitalismo popular y cambios políticos
El rastreo de la evolución ideológica de este grupo social requeriría de un estudio cualitativo. Nosotros vamos a intentar hacerlo utilizando herramientas cuantitativas, más concretamente cruzando los datos de la Encuesta de Población Activa y del Directorio de Empresas con los datos electorales. La única forma de conseguirlo utilizando este método es concentrar el análisis en las provincias en las que más ha crecido el sector inmobiliario, comprobar si este crecimiento correlaciona con la evolución porcentual de los autónomos y de las pequeñas empresas, y contrastar esta información con la evolución electoral en dichas provincias y en el conjunto del país. En la tabla nº 2 figura la primera parte de esta información
Tabla 2: Participación del sector de la construcción, autónomos y sociedades limitadas en cuatro provincias españolas
| Provincia/ Región | Evolución de la participación del sector de la construcción en la ocupación (1996-2008)(1) (% en 2008) | Autónomos (2) | Sociedades Limitadas (1999-2008) |
| Alicante | 3% | 28% | 97% |
| Murcia | 5% | 28% | 120% |
| Almería | 5% | 22% | 153% |
| Málaga | 5% | 30% | 165% |
| Total España | 3% | 13% | 105% |
(1) No incluye el trabajo sumergido
(2) “Personas físicas”
Fuente: Encuesta de Población Activa y Directorio de Empresas
Las provincias en las que el sector de la construcción ha ganado más peso relativo en los años del boom inmobiliario son Alicante, Murcia, Almería y Málaga. En todas, excepto en Alicante, los ocupados del sector sector han aumentado su peso por encima de la media nacional (+3%) que colocó este porcentaje en el 12,8%. Destacan Almería y, sobre todo Málaga donde, a pesar de la importante actividad constructora en los años 1960-1980 en tan solo 12 años (1996-2008) la construcción ha aumentado su peso relativo en 5 puntos porcentuales, casi el doble que en la media del país. Estas cifras no tienen en cuenta el trabajo sumergido que elevaría esta cifra aún más. El caso de Alicante es significativo porque, si bien su estructura económica -y por tanto también social- está más diversificada y de que en ella la contrucción tiene un peso relativo idéntico al de la media del país (del 12,8%), el crecimiento de los autónomos también ha sido particularmente importante en los años de la burbuja inmobiliaria. En la siguiente columna se aprecia que en el resto de las cuatro provincias esta expansión de la población activa en el sector correlaciona claramente con el aumento de los trabajadores autónomos o “personas fisicas” para el período 1999 a 2008 (no hay datos para años anteriores). La media nacional es de +13% mientras que en estas cuatro provincias los incrementos son muy superiores: entre el 22% en la provincia de Almería y nada menos que del 30% de la provincia de Málaga. Algo parecido se puede decir en relación a la creación de sociedades limitadas que también han aumentado mucho más rápido entre 1999 y 2008 en estas cuatro provincias que en el conjunto del país con la excepción de la provinca de Alicante, donde este incremento ha sido ligeramente inferior al nacional por las razones señaladas arriba. Se puede decir, en consecuencia, que los “nuevos autónomos” vinculados a la contrucción así como las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría no son sino autónomos que han pasado a convertirse en pequeños empresarios, han sido actores del boom inmobiliario particularmente dinámicos en estas cuatro provincias. La densidad y la influencia de este grupo sobre el conjunto de su estructura social tiene que haber sido, necesariamente, muy importante.
¿Cómo han evolucionado políticamente dichas provincias? La tabla número 3 da respuesta a esta pregunta
Tabla nº 3 Evolución del desempleo y del apoyo electoral al Partido Popular y a Izquierda Unida en Alicante, Murcia, Almería y Málaga
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jueves, 26 de julio de 2012
Pasividad
En la reunión mantenida el miércoles 25 entre el Comité Intercentros y el Director General, se percibió la falta de iniciativa y de sensibilidad social de Sánchez Revenga. Enrocado en la explicación oficial de la crisis y los sacrificios que comporta, “lamentó” las medidas que se estaban tomando. El Intercentros no quiso derivar la cita a esa discusión, pero dejó claro que los culpables son los sectores financieros y capitalistas, arropados por los gobiernos del Psoe y del Pp, y no los empleados públicos ni los trabajadores/as, que somos los que estamos sufriendo las consecuencias.
El Director no ha buscado más margen que el que a simple vista da el Real Decreto: elegir cómo se quiere el robo de la paga extra. Eso sí, repitió varias veces que “las medidas son provisionales” y que “el dinero no va a pasar a cuenta de resultados, sino que se va a guardar hasta 2015”. Se tiene aprendida la lección de intentar vender motos. El IRPF se ajustará a nuestros menores salarios.
Hizo referencias importantes al estado económico de la Fábrica. Caen con fuerza los pasaportes, la moneda nacional va a disminuir sustancialmente en 2013 y se están registrando descensos de los pedidos de nuestros clientes institucionales y retrasos en el pago, debido a la restricción presupuestaria. Está siendo necesario recurrir esporádicamente a líneas de crédito. Se ha ampliado el pedido de monedas de Chile, y confía en nuevos concursos en Guatemala y la opción de billetes para Nigeria. Se va a preparar la línea de fabricación de Valores para licitar billetes no Euro (aunque espera que no sean pesetas), y están comenzando los estudios de viabilidad de la nueva planta de fabricación de billetes. Respecto a la plantilla, se va a restringir el empleo fijo y tirar de temporalidad cuando haya puntas de producción.
El Comité recordó que el Convenio Colectivo es un todo y un acuerdo equilibrado entre las partes, en que todos hemos hecho cesiones por el bien común. Advirtió que la ruptura unilateral del Convenio por la Administración empuja a los trabajadores/as a poner en tela de juicio otros aspectos de ese acuerdo.
Para EPS hay una dejación clara de las funciones de gestión. Sánchez Revenga debería haber llegado no sólo con una lectura superficial del Decreto debajo del brazo y con el reaparecido Director de RRHH, sino con una batería de medidas sociales que pudieran compensar la agresión. Es evidente que no es su intención ni su criterio, encastillado como está en una visión economicista radical.
El Director debe poner cauces de comunicación para escuchar los argumentos detallados del Comité sobre cada aspecto del R-Decreto, y defenderlos ante el Ministerio. Debe estudiar derivaciones de privilegios hacia partidas sociales (p.e. dedicar el gasto de aparcamientos de directivos para incrementar el fondo del Grupo de Empresa). Y ha de pensar medidas que reequilibren la ruptura del convenio (sería cruel que siguieran sancionando a la gente por llegar 3 minutos tarde).
De lo contrario, puede haber una fractura social en la Fábrica.
El Director no ha buscado más margen que el que a simple vista da el Real Decreto: elegir cómo se quiere el robo de la paga extra. Eso sí, repitió varias veces que “las medidas son provisionales” y que “el dinero no va a pasar a cuenta de resultados, sino que se va a guardar hasta 2015”. Se tiene aprendida la lección de intentar vender motos. El IRPF se ajustará a nuestros menores salarios.
Hizo referencias importantes al estado económico de la Fábrica. Caen con fuerza los pasaportes, la moneda nacional va a disminuir sustancialmente en 2013 y se están registrando descensos de los pedidos de nuestros clientes institucionales y retrasos en el pago, debido a la restricción presupuestaria. Está siendo necesario recurrir esporádicamente a líneas de crédito. Se ha ampliado el pedido de monedas de Chile, y confía en nuevos concursos en Guatemala y la opción de billetes para Nigeria. Se va a preparar la línea de fabricación de Valores para licitar billetes no Euro (aunque espera que no sean pesetas), y están comenzando los estudios de viabilidad de la nueva planta de fabricación de billetes. Respecto a la plantilla, se va a restringir el empleo fijo y tirar de temporalidad cuando haya puntas de producción.
El Comité recordó que el Convenio Colectivo es un todo y un acuerdo equilibrado entre las partes, en que todos hemos hecho cesiones por el bien común. Advirtió que la ruptura unilateral del Convenio por la Administración empuja a los trabajadores/as a poner en tela de juicio otros aspectos de ese acuerdo.
Para EPS hay una dejación clara de las funciones de gestión. Sánchez Revenga debería haber llegado no sólo con una lectura superficial del Decreto debajo del brazo y con el reaparecido Director de RRHH, sino con una batería de medidas sociales que pudieran compensar la agresión. Es evidente que no es su intención ni su criterio, encastillado como está en una visión economicista radical.
El Director debe poner cauces de comunicación para escuchar los argumentos detallados del Comité sobre cada aspecto del R-Decreto, y defenderlos ante el Ministerio. Debe estudiar derivaciones de privilegios hacia partidas sociales (p.e. dedicar el gasto de aparcamientos de directivos para incrementar el fondo del Grupo de Empresa). Y ha de pensar medidas que reequilibren la ruptura del convenio (sería cruel que siguieran sancionando a la gente por llegar 3 minutos tarde).
De lo contrario, puede haber una fractura social en la Fábrica.
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