Resultados elecciones 2018
La participación de los trabajadores en 2018 se ha mantenido respecto a las elecciones de 2014. Destaca el hecho de que un 25% de la plantilla no se haya pronunciado. Una cifra bastante alta puesto que la mayoría de los trabajadores vinieron a trabajar ese día.
La disminución de la plantilla en un 13% como consecuencia de la segregación del Departamento de Valores en 2015 no ha tenido repercusiones en la estructura del voto.
Por sindicatos, EPS y UGT se han mantenido en número de representantes con ligeras variaciones en cuanto a porcentaje de votos.
La transferencia se ha dado entre CCOO (+3 representantes) y NP (-3 representantes).
Este cambio de equilibrios en el seno del Comité de Empresa puede favorecer un mayor dinamismo a la hora de establecer negociaciones de Convenio o de Paritaria con la Empresa, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte del programa reivindicativo publicitado por CCOO durante el proceso electoral coincide con el de EPS.
No obstante, habrá que esperar acontecimientos para ver si efectivamente el Comité cambia de rumbo y se abandona el ya tradicional sectarismo sindical buscando el consenso y la colaboración de los demás, en aras de la recuperación de los derechos y de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as de la FNMT.
Por otra parte, el cambio en la correlación de fuerzas o posturas sindicales dentro del Comité de Empresa de Madrid tendrá su repercusión tanto en el Comité Intercentros como en las distintas comisiones de negociación con la Empresa.
El único incidente destacable en la jornada electoral ha ocurrido en el Silo. La falta de coordinación de medios dejó sin transporte de Empresa a los trabajadores del turno de tarde para desplazarse hasta Jorge Juan y ejercer su derecho.
La Intervención General del Estado (IGAE) nos fiscaliza más aún
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que las entidades del sector público institucional estatal estén sometidas al control de eficacia y a la supervisión continua.
Esta Ley permite hacer recomendaciones de mejora referidas a aspectos organizativos y estratégicos de la entidad u organismo, así como de gestión económica, presupuestaria y financiera, de recursos humanos y materiales.
El pasado día 9 de abril se publicó en el BOE una Orden Ministerial que desarrolla dicha Ley, Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal.
Por la misma se faculta a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que verifique regularmente que las entidades sometidas a este sistema de control permanente (entre ellas la FNMT) acredite su viabilidad financiera y su capacidad para atender a los compromisos de gasto presentes y futuros en los que hayan incurrido.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de la Oficina Nacional de Auditoría mediante un sistema de control automático con el que se genera un informe anual para el Ministerio de Hacienda.
Se entenderá que una entidad ha entrado en causa de disolución si no acredita la capacidad para financiar con sus ingresos los gastos en que incurra y, singularmente, si acumula dos ejercicios consecutivos de pérdidas.
La participación de los trabajadores en 2018 se ha mantenido respecto a las elecciones de 2014. Destaca el hecho de que un 25% de la plantilla no se haya pronunciado. Una cifra bastante alta puesto que la mayoría de los trabajadores vinieron a trabajar ese día.
La disminución de la plantilla en un 13% como consecuencia de la segregación del Departamento de Valores en 2015 no ha tenido repercusiones en la estructura del voto.
Por sindicatos, EPS y UGT se han mantenido en número de representantes con ligeras variaciones en cuanto a porcentaje de votos.
La transferencia se ha dado entre CCOO (+3 representantes) y NP (-3 representantes).
Este cambio de equilibrios en el seno del Comité de Empresa puede favorecer un mayor dinamismo a la hora de establecer negociaciones de Convenio o de Paritaria con la Empresa, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte del programa reivindicativo publicitado por CCOO durante el proceso electoral coincide con el de EPS.
No obstante, habrá que esperar acontecimientos para ver si efectivamente el Comité cambia de rumbo y se abandona el ya tradicional sectarismo sindical buscando el consenso y la colaboración de los demás, en aras de la recuperación de los derechos y de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as de la FNMT.
Por otra parte, el cambio en la correlación de fuerzas o posturas sindicales dentro del Comité de Empresa de Madrid tendrá su repercusión tanto en el Comité Intercentros como en las distintas comisiones de negociación con la Empresa.
El único incidente destacable en la jornada electoral ha ocurrido en el Silo. La falta de coordinación de medios dejó sin transporte de Empresa a los trabajadores del turno de tarde para desplazarse hasta Jorge Juan y ejercer su derecho.
La Intervención General del Estado (IGAE) nos fiscaliza más aún
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que las entidades del sector público institucional estatal estén sometidas al control de eficacia y a la supervisión continua.
Esta Ley permite hacer recomendaciones de mejora referidas a aspectos organizativos y estratégicos de la entidad u organismo, así como de gestión económica, presupuestaria y financiera, de recursos humanos y materiales.
El pasado día 9 de abril se publicó en el BOE una Orden Ministerial que desarrolla dicha Ley, Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal.
Por la misma se faculta a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que verifique regularmente que las entidades sometidas a este sistema de control permanente (entre ellas la FNMT) acredite su viabilidad financiera y su capacidad para atender a los compromisos de gasto presentes y futuros en los que hayan incurrido.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de la Oficina Nacional de Auditoría mediante un sistema de control automático con el que se genera un informe anual para el Ministerio de Hacienda.
Se entenderá que una entidad ha entrado en causa de disolución si no acredita la capacidad para financiar con sus ingresos los gastos en que incurra y, singularmente, si acumula dos ejercicios consecutivos de pérdidas.
