EPS sigue avanzando en su estrategia de no permitir que un asunto de Estado como la segregación de la FNMT-RCM se transforme en una decisión baladí.
No se puede permitir que decisiones de este calado se hagan sin luz ni taquígrafos, y en base a intereses particulares. Los poderes institucionales deben ser conscientes del daño que la segregación hace a la sociedad española, daño que será difícilmente reversible una vez hecho, pues Valores (IBERNOTES) quedará prácticamente fuera de la jurisdicción española, debido a los estatutos especiales que amparan al BCE-BdE.
El BCE-Banco de España pretende cambiar un modelo de producción íntegramente nacional por un modelo centrado en Europa, deslocalizando la capacidad tecnológica e industrial de seguridad fuera de nuestras fronteras, debilitando el patrimonio de todas y todos.
Desde hace meses, EPS está batallando contra el expolio de lo público, primero con la demanda interpuesta contra el BdE, pero también usando todas las vías legales para que se mire con lupa esta operación. Se han elevado preguntas a través del Portal de Transparencia, que es más bien opaco a pesar de su nombre, y también hemos llamado a la puerta de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que recientemente nos ha contestado.
La IGAE “da traslado a la Oficina Nacional de Auditoría, a efectos de que en el ámbito de sus actuaciones de control de la gestión económico financiera del sector público estatal y, en concreto, de la Entidad Pública Empresarial FNMT-RCM, tenga en cuenta los plantea mientos expuestos en lo que pudieran afectar a dichas actuaciones de control”. La Oficina Nacional de Auditoría es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), al igual que la FNMT-RCM, que realiza auditorias anuales del Sector Público.
Es decir, el foco está puesto sobre la segregación, y si –como a algunos nos parece- hay elementos de ilegalidad y mala gestión, no deberán ser permitidos salvo actuaciones cómplices en la Administración General del Estado.
No se puede permitir que decisiones de este calado se hagan sin luz ni taquígrafos, y en base a intereses particulares. Los poderes institucionales deben ser conscientes del daño que la segregación hace a la sociedad española, daño que será difícilmente reversible una vez hecho, pues Valores (IBERNOTES) quedará prácticamente fuera de la jurisdicción española, debido a los estatutos especiales que amparan al BCE-BdE.
El BCE-Banco de España pretende cambiar un modelo de producción íntegramente nacional por un modelo centrado en Europa, deslocalizando la capacidad tecnológica e industrial de seguridad fuera de nuestras fronteras, debilitando el patrimonio de todas y todos.
Desde hace meses, EPS está batallando contra el expolio de lo público, primero con la demanda interpuesta contra el BdE, pero también usando todas las vías legales para que se mire con lupa esta operación. Se han elevado preguntas a través del Portal de Transparencia, que es más bien opaco a pesar de su nombre, y también hemos llamado a la puerta de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que recientemente nos ha contestado.
La IGAE “da traslado a la Oficina Nacional de Auditoría, a efectos de que en el ámbito de sus actuaciones de control de la gestión económico financiera del sector público estatal y, en concreto, de la Entidad Pública Empresarial FNMT-RCM, tenga en cuenta los plantea mientos expuestos en lo que pudieran afectar a dichas actuaciones de control”. La Oficina Nacional de Auditoría es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), al igual que la FNMT-RCM, que realiza auditorias anuales del Sector Público.
Es decir, el foco está puesto sobre la segregación, y si –como a algunos nos parece- hay elementos de ilegalidad y mala gestión, no deberán ser permitidos salvo actuaciones cómplices en la Administración General del Estado.
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