El Banco de España torpedea la Casa de la Moneda

El Banco de España va a sacar a licitación la fabricación del papel para los billetes Euro de 2016, lo que podría estar en marcha antes de final de mes. ¿Por qué el Banco de España, que nunca lo ha hecho antes y que no es impresor de billetes, rompe con la lógica de que sea la Fábrica de Papel de la Casa de la Moneda la que fabrique este producto de alta seguridad? Para entenderlo es preciso comprender cuál es la peligrosa relación entre ambas instituciones.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros dio luz verde a la segregación de la actividad de fabricación de billetes de la Casa de la Moneda (FNMT-RCM), de cara a constituir una sociedad independiente (Imprenta de Billetes, S.A., IMBISA) que, inmediatamente tras su formalización pasará a pertenecer en un 80% al Banco de España y un 20% a la FNMT-RCM. Esta participación de la FNMT-RCM se mantendrá como mucho hasta el 31 de Diciembre de 2017. La fecha actualmente prevista para la constitución definitiva de IMBISA es el 1 de Octubre.

Siendo IMBISA la imprenta, lo normal sería que fuera ella la que comprase el papel, entre otras cosas porque son los técnicos especialistas en la materia. Y dado que la Casa de la Moneda es partícipe de IMBISA, no hay ningún impedimento legal para que se siga encargando el papel de billetes a la papelera que tiene en Burgos, como viene haciéndose desde hace más de 50 años. La calidad y competitividad de la Fábrica de Papel de la FNMT-RCM está fuera de toda duda, y sirve a otros países de la zona euro, como a Italia, Portugal, Irlanda, Bélgica o Grecia con total garantía.

Este movimiento del Banco de España es claramente hostil contra la Casa de la Moneda, pues amenaza la carga de trabajo de su papelera de manera absurda y gratuita, y pone en un brete al conjunto de la empresa. Burgos está inmersa en importantes inversiones en una nueva máquina de papel, por importe de 27 Millones de Euros, cuya amortización depende de este tipo de pedidos. La maniobra de Linde puede provocar pérdidas en la papelera, que sumadas al bocado que significa quitarle la impresión de billetes, van a lastrar el futuro de la FNMT-RCM.

Estos ataques están siendo consentidos por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que parece deseoso de vender la Casa de la Moneda, pues no pone límites al Banco de España-BCE. De hecho, la segregación de IMBISA es una privatización encubierta, pues esta parte saldrá del sector público español, como se declara en la Ley 18/2015, de 9 de Julio, que dice sin ambages en su preámbulo que “debe considerarse que una parte de las funciones de la Fábrica pasan a integrarse en el ámbito institucional europeo, dejando de formar parte del sector público empresarial del Estado”.

El efecto de debilitar a la FNMT-RCM mediante la división y la retirada de trabajos va a provocar pérdidas estructurales que obliguen a una privatización generalizada de esta empresa centenaria. Así se perderá un polo tecnológico e industrial del sector de alta seguridad, para regocijo de los amiguetes de turno, el pago de favores en la Unión, o simplemente dejar paso libre a la colonización de nuestros ¿amigos? del Norte.

En una jugada destinada a favorecer a los lobbies privados de impresión de seguridad y a los países más poderosos de la Unión Europea –especialmente a Francia-, el Banco de España-BCE no duda en torpedear a la FNMT-RCM y al estado, con el claro fin de hundir aún más la industria y la tecnología española. ¿Para quién trabajas, Linde?

Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

En fecha 11 de diciembre de 2014, presenté escrito de solicitud de información a través del Portal de Transparencia con número de expediente 308. En la petición solicitaba conocer los salarios de los 41 cargos de libre designación que en ese momento prestaban sus servicios en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En fecha de 29 de junio de 2015, el Director General y Presidente del Consejo de Administración de la FNMT-RCM, Jaime Sánchez Revenga, firma el cierre de dicho expediente con la denegación de información, en base al artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

“…puesto que los afectados no han dado el consentimiento a la divulgación de los datos solicitados por ser de carácter personal”.

Es por ello que debo presentar las siguientes alegaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la incorrecta aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.


1.- De acuerdo a la citada Ley 19/2013, se reconocen como información mínima disponible:

“f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.”. (Art. 8.1.f de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre).

Se indica claramente que esta es la información mínima, no existiendo impedimentos para ampliar la información que el ciudadano pueda tener disponible.

 

2.- La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), indica cuál es la consideración de alto cargo:

“Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados.”. (Art. 6.5 de LOFAGE).


“B) Órganos directivos: …
b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales. c) Los Subdirectores generales.”. (Art. 6.2.B de LOFAGE).

Queda demostrado que, al menos el Director General y Presidente del Consejo de Administración y los otros 5 Directores Generales, tienen consideración de alto cargo dentro de las Administraciones Generales del Estado como “Órganos directivos”, ya sea como Director general o Subdirector general. Por tanto esta información debe ser puesta en conocimiento de los ciudadanos de manera obligatoria, sin necesidad de recibir su consentimiento expreso al no tratarse de información personal, sino referida al desempeño de un cargo público.


3.- La Constitución Española delimita el acceso de los ciudadanos a la información pública:

“b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.” (Art. 105.b de la CE).

Los salarios públicos no puede ser nunca considerados como información personal o que su conocimiento pueda suponer una vulneración de la intimidad de las personas, al tratarse de retribuciones obtenidas en el desempeño de un cargo público.

4.- Respecto a los otros 35 trabajadores, con contrato fuera de Convenio y que no forman parte de la Administración General del Estado con la consideración de alto cargo (Directores de 2º nivel y Jefaturas de Servicio), resulta cuanto menos que curioso que la FNMT-RCM alegue que se vulneraría el derecho constitucional a la intimidad y a la protección de datos, cuando con el resto de categorías profesionales (unos 1500 trabajadores) no tienen ese mismo miramiento ni se les aplica ese derecho constitucional, estando publicado en el BOE las tablas salariales.

La no publicación de las tablas salariales de los trabajadores fuera de convenio supondría la vulneración del derecho fundamental, recogido en la Constitución Española, de no discriminación.

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” (Art. 14 de la CE).

5.- Quería hacer algunas matizaciones sobre la petición de información que formulé, dado que su redacción puede llevar a equívocos y en concreto ha servido para que la FNMT-RCM justificase su denegación.

La solicitud consiste en que un ciudadano cualquiera pueda disponer de la misma información respecto de todos los trabajadores públicos de la FNMT-RCM, independientemente de su cargo.

Por todo lo anterior solicito:

A.- Disponer de la información en cuanto a salarios de los altos cargos de la FNMT-RCM.

B.- Disponer de las tablas salariales del resto de trabajadores fuera de convenio.

FORO PÚBLICO

NOTA DE PRENSA DEL SINDICATO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN SINDICAL (EPS)

OTRO PASO MÁS CERCA DE GRECIA


El Gobierno rompe la Casa de la Moneda

El próximo día 17 de Julio en Consejo de Ministros, el Banco Central Europeo tomará posesión del negocio de la impresión de billetes euro de la cuota española, históricamente en manos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMTRCM) y ante la impasibilidad de la Monarquía Española, que mira hacia otro lado ante esta flagrante pérdida de soberanía nacional y con el beneplácito, de hecho con el empuje, del Gobierno Español, en especial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este Gobierno pasará a la historia entre otras cosas por ser el liquidador de una Institución que cumple en 2015 los 400 años. A partir de esta aprobación, la fabricación de billetes Euro y el patrimonio asociado, saldrá del entorno público y pasará a manos del Eurosistema, donde el Banco de España juega un papel casi irrelevante.


Destrucción de la industria pública española de seguridad

La Ley 18/2015, de 9 de Julio, aprobada la semana pasada, dice sin ambages en su preámbulo que “debe considerarse que una parte de las funciones de la Fábrica pasan a integrarse en el ámbito institucional europeo, dejando de formar parte del sector público empresarial del Estado”.

En unos años los billetes de Euro y el papel de seguridad que se emiten en nuestro país se comprarán fuera de nuestras fronteras, casi con toda seguridad en Francia, que está haciendo justo lo contrario, concentrando sus inversiones en fabricación de billetes.

La decisión tomada, aparte de irracional en su origen está condenada al fracaso. El Banco de España en estos últimos años en su actividad principal, es decir en la supervisión del sistema financiero, ha dejado mucho que desear. Si en esa supervisión no ha conseguido buenos resultados, en el desarrollo de una actividad industrial como es la fabricación de billetes, en la que no tiene ninguna experiencia, las posibilidades de fracaso están aseguradas.

Dividir para cerrar (o privatizar)

No existe estudio serio que soporte la decisión tomada ni a nivel jurídico ni a nivel financiero. Hay fundadas evidencias de que las dos empresas resultantes de esta segregación (IMBISA y FNMT-RCM) van a tener, por separado, graves problemas de viabilidad.

Especial preocupación nos causan las noticias sobre la Fábrica de Papel de Seguridad de Burgos, y la intención del Banco de España de sacar a licitación de forma inmediata la fabricación del papel español para billetes. Esta situación pone contra las cuerdas a la Fábrica de Papel, una entidad emblemática de Burgos.

La estrategia es de libro. Una empresa pública multiproducto, rentable y con alta sinergia entre sus áreas de negocio, es torpedeada en su línea de flotación separando una de sus actividades fundamentales. A partir de ahí, ambas mitades entran en colapso económico. ¿La solución? Venderlas al mejor postor, es decir, privatizar para “evitar pérdidas a los contribuyentes”. Objetivo cumplido.


¿Cuánto vale una fábrica de billetes?

A este proceso de segregación de la actividad de impresión de billetes, además de los peligros para la viabilidad de ambas empresas, tenemos que añadir una insuficiente valoración económica del Departamento segregado.

La FNMT-RCM encargó el estudio de la valoración económica a la consultora Ernst&Young, que estimó un rango de valoración de entre 31,2 - 32,2 millones de euros.

En fecha 25 de mayo de 2015, el Consejo de Administración de la FNMT-RCM, aprobó dicha valoración económica, produciéndose una importante pérdida patrimonial para el Estado derivado por una valoración insuficiente.

El sindicato Espacio de Participación Sindical, con representación en el Comité de Empresa de la FNMT-RCM, encargó un estudio de valoración a un grupo de técnicos independientes, cuyo informe resultante establece un valor de 65 millones de euros.


En vía administrativa y judicial

El sindicato EPS ha interpuesto demanda contra el Banco de España ante la Audiencia Nacional el pasado mes de Noviembre, por la evidente vulneración de las leyes españolas, incluso existiendo serios indicios de inconstitucionalidad.

Así mismo se han elevado cartas de EPS a la Casa Real, al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado, a las Secretarías Técnicas de todos los Ministerios, al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Administración del Estado, a Patrimonio del Estado, a la Vicepresidenta del Gobierno, a los Ministros de Hacienda y de Economía, a los Gobiernos Municipales y Autonómicos correspondientes.

Las reiteradas peticiones de información a través del proyecto estrella del Gobierno del Portal de Transparencia han sido infructuosas. En esta operación de desmantelamiento no ha habido transparencia alguna y las contestaciones y explicaciones dadas por el Gobierno, han sido todo menos transparentes.

De no paralizarse esta operación, el daño a la Institución y a la actividad pública será inevitable.


Debilitar España, ¿en beneficio de quién?

La entrega de la fabricación de billetes euro a las industrias francesa y alemana no es ningún hecho aislado, sino parte de una estrategia bien elaborada. El último acto se ha visto en las condiciones impuestas a Grecia por la troika para acceder a un tercer rescate, en realidad el de los bancos alemanes y franceses, acabando además con la (poca) industria que les queda a los países del sur de Europa.

La doble moral de la banca europea, junto a una política de hechos consumados, genera una nueva cortina de humo que perjudica a los ciudadanos/as. Por un lado, Mario Draghi, desde la Presidencia del BCE, manifiesta un respeto escrupuloso por la soberanía de los estados, mientras por otro lado, su brazo ejecutor, el Banco de España, determina la peor alternativa de entre las múltiples posibles. Y Cristóbal Montoro no opina.

Resulta patente la sumisión de las instituciones (de las personas que las dirigen) ante los poderes fácticos. Prima aún más la lealtad, mal entendida, que el bien colectivo, como objeto único que debería regir las instituciones.

Al final, la dinámica del poder se está imponiendo al sentido común, a pesar de la evidencia de que la Casa de la Moneda unida y española es una empresa históricamente rentable y un imprescindible referente industrial y tecnológico, un activo valioso a conservar.

Los trabajadores/as de la Casa de la Moneda somos dolorosamente conscientes de que se nos está utilizando como elemento de intercambio por un gobierno débil y corrupto.

En Madrid a 13 de julio de 2015
 

Fdo. Juan Carlos García Dueñas
Secretario General de EPS
eps@fnmt.es

Escrito al Fiscal General del Estado

EPS no debe FIRMAR

EPS no va a firmar el Acuerdo de Garantías y Condiciones Laborales que va a regir las relaciones laborales tras la segregación de Valores, y durante el tiempo en que la nueva sociedad (IMBISA) y la Fábrica compartan espacio en Jorge Juan, previsto hasta 2018.

El Acuerdo evidentemente mejora las condiciones de aplicación pura del Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre sucesión de empresas, pero a nuestro juicio es incompleto, sobre todo
en lo relativo a la garantía del futuro de ambas empresas, es decir, del trabajo.

En la parte Final, Medidas de Garantías de Empleo e Impulso Normativo, sólo se habla de intenciones sin concretar. Los trabajadores/as no conocemos ni el Plan Estratégico ni los cambios en el Estatuto de la Fábrica.

Especial preocupación nos causan las noticias sobre Burgos, y la intención del Banco de España de sacar a licitación de forma inmediata la fabricación del papel español, incluso durante la convivencia en IMBISA de ambas entidades. EPS propuso una enmienda al acuerdo que contemplase la contratación a nuestra papelera al menos durante el periodo transitorio, y fue rechazada. Esta situación deja en serio peligro la viabilidad de la Fábrica de Papel.

Por otra parte estamos convencidos de que, si firmamos, se lastraría nuestra lucha legal contra la segregación, cuya anulación sigue siendo el objetivo prioritario de EPS en esta batalla.

Como sabéis, EPS tiene una demanda contra el Banco de España, respaldada por muchos compañeros/as, que se presentó en Noviembre de 2014. Para EPS la segregación es ilegal, y está sostenida por cambios legislativos y decisiones políticas ilícitas y contrarias al interés del pueblo español, a su dignidad y soberanía. Y por supuesto, es muy negativa para la Casa de la Moneda, pues supone el principio de una privatización generalizada.

La propia enmienda de Ley presentada para salvaguardar los puestos de trabajo, dice sin ambages que “debe considerarse que una parte de las funciones de la Fábrica pasan a integrarse en el ámbito institucional europeo, dejando de formar parte del sector público empresarial del Estado”.

El Acuerdo está trufado de referencias a la legitimidad de la segregación, y en ningún caso queremos que la firma de EPS pueda interpretarse como un respaldo a la misma.

Además la dirección no ha aceptado una cláusula de salvaguarda de los derechos legales de EPS y ello constituía una de nuestras líneas rojas para la firma del acuerdo.

Para que la voluntad política de revertir la segregación pueda materializarse tras las elecciones generales, es necesario seguir con la lucha legal.

Seguimos trabajando contra la segregación