EPS no va a firmar el Acuerdo de Garantías y Condiciones Laborales que va a regir las relaciones laborales tras la segregación de Valores, y durante el tiempo en que la nueva sociedad (IMBISA) y la Fábrica compartan espacio en Jorge Juan, previsto hasta 2018.
El Acuerdo evidentemente mejora las condiciones de aplicación pura del Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre sucesión de empresas, pero a nuestro juicio es incompleto, sobre todo
en lo relativo a la garantía del futuro de ambas empresas, es decir, del trabajo.
En la parte Final, Medidas de Garantías de Empleo e Impulso Normativo, sólo se habla de intenciones sin concretar. Los trabajadores/as no conocemos ni el Plan Estratégico ni los cambios en el Estatuto de la Fábrica.
Especial preocupación nos causan las noticias sobre Burgos, y la intención del Banco de España de sacar a licitación de forma inmediata la fabricación del papel español, incluso durante la convivencia en IMBISA de ambas entidades. EPS propuso una enmienda al acuerdo que contemplase la contratación a nuestra papelera al menos durante el periodo transitorio, y fue rechazada. Esta situación deja en serio peligro la viabilidad de la Fábrica de Papel.
Por otra parte estamos convencidos de que, si firmamos, se lastraría nuestra lucha legal contra la segregación, cuya anulación sigue siendo el objetivo prioritario de EPS en esta batalla.
Como sabéis, EPS tiene una demanda contra el Banco de España, respaldada por muchos compañeros/as, que se presentó en Noviembre de 2014. Para EPS la segregación es ilegal, y está sostenida por cambios legislativos y decisiones políticas ilícitas y contrarias al interés del pueblo español, a su dignidad y soberanía. Y por supuesto, es muy negativa para la Casa de la Moneda, pues supone el principio de una privatización generalizada.
La propia enmienda de Ley presentada para salvaguardar los puestos de trabajo, dice sin ambages que “debe considerarse que una parte de las funciones de la Fábrica pasan a integrarse en el ámbito institucional europeo, dejando de formar parte del sector público empresarial del Estado”.
El Acuerdo está trufado de referencias a la legitimidad de la segregación, y en ningún caso queremos que la firma de EPS pueda interpretarse como un respaldo a la misma.
Además la dirección no ha aceptado una cláusula de salvaguarda de los derechos legales de EPS y ello constituía una de nuestras líneas rojas para la firma del acuerdo.
Para que la voluntad política de revertir la segregación pueda materializarse tras las elecciones generales, es necesario seguir con la lucha legal.
El Acuerdo evidentemente mejora las condiciones de aplicación pura del Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre sucesión de empresas, pero a nuestro juicio es incompleto, sobre todo
en lo relativo a la garantía del futuro de ambas empresas, es decir, del trabajo.
En la parte Final, Medidas de Garantías de Empleo e Impulso Normativo, sólo se habla de intenciones sin concretar. Los trabajadores/as no conocemos ni el Plan Estratégico ni los cambios en el Estatuto de la Fábrica.
Especial preocupación nos causan las noticias sobre Burgos, y la intención del Banco de España de sacar a licitación de forma inmediata la fabricación del papel español, incluso durante la convivencia en IMBISA de ambas entidades. EPS propuso una enmienda al acuerdo que contemplase la contratación a nuestra papelera al menos durante el periodo transitorio, y fue rechazada. Esta situación deja en serio peligro la viabilidad de la Fábrica de Papel.
Por otra parte estamos convencidos de que, si firmamos, se lastraría nuestra lucha legal contra la segregación, cuya anulación sigue siendo el objetivo prioritario de EPS en esta batalla.
Como sabéis, EPS tiene una demanda contra el Banco de España, respaldada por muchos compañeros/as, que se presentó en Noviembre de 2014. Para EPS la segregación es ilegal, y está sostenida por cambios legislativos y decisiones políticas ilícitas y contrarias al interés del pueblo español, a su dignidad y soberanía. Y por supuesto, es muy negativa para la Casa de la Moneda, pues supone el principio de una privatización generalizada.
La propia enmienda de Ley presentada para salvaguardar los puestos de trabajo, dice sin ambages que “debe considerarse que una parte de las funciones de la Fábrica pasan a integrarse en el ámbito institucional europeo, dejando de formar parte del sector público empresarial del Estado”.
El Acuerdo está trufado de referencias a la legitimidad de la segregación, y en ningún caso queremos que la firma de EPS pueda interpretarse como un respaldo a la misma.
Además la dirección no ha aceptado una cláusula de salvaguarda de los derechos legales de EPS y ello constituía una de nuestras líneas rojas para la firma del acuerdo.
Para que la voluntad política de revertir la segregación pueda materializarse tras las elecciones generales, es necesario seguir con la lucha legal.
Seguimos trabajando contra la segregación
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